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Del establecimiento a la justicia social

25 de junio de 2023 - 09:00 p. m.

En respuesta al editorial del 11 de junio de 2023, titulado “No se equivoque, presidente, ni pretenda confundir”.

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Lo escrito en el editorial es cierto, pero, al no existir verdades absolutas, también es cierto que el pueblo es libre y soberano, como dice la letra de nuestro himno nacional. El pueblo es, per se, el constituyente primario y, en tal sentido, tiene derecho a pedir que se modifique la Constitución política y a exigir, en forma explícita, que se mejoren unas cuantas leyes para lograr un cambio del establecimiento, si se quiere, con justicia social, por el cual se votó y ganó democráticamente en las urnas.

Pero también es lícito y válido que esos ciudadanos, pobres en su inmensa mayoría, se expresen libremente en las calles y plazas de los municipios, corregimientos y veredas del territorio patrio, en aras de lograr el reconocimiento, el cumplimiento y el pleno ejercicio de sus derechos, los derechos fundamentales de los seres humanos. Tales derechos, si bien están consagrados con meridiana claridad en la Constitución nacional, hasta ahora han sido ignorados olímpicamente por unas pocas castas de privilegiados que detentan el poder, para su propio beneficio desde hace más de 150 años.

Ese pueblo no permitirá que esta vez le pongan de nuevo conejo. Si es necesario paralizar al país, ¡así lo hará!, hasta lograr que tanto el Congreso como los partidos políticos y el sector privado se pongan en sintonía con el clamor general de millones de personas humildes que se acuestan con hambre noche tras noche. Esa gente no tiene nada que perder, ni siquiera su libertad, puesto que se encuentra secuestrada por la miseria.

Desde el principio de los tiempos, nosotros, los habitantes de este planeta maltratado, permanente e inexorablemente mutamos. En consecuencia, la reprensión de las voces que gritan ¡cambio! es una tarea poco menos que inútil, porque el cambio no se detiene.

Confío en que se pueda conseguir de manera pacífica y siguiendo los conductos regulares, sin violación alguna del ordenamiento jurídico que rige nuestra nación.

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