En el análisis de todas las protestas de los diversos sectores de la sociedad, debemos empezar por sus causas y la pertinencia de sus solicitudes.
Por Leila Delgado Almanza
Los camioneros exigen cosas precisas que en otros paros han solicitado y que los gobiernos les incumplen, y por eso hacen un nuevo paro. En eso es paradigmático el gobierno de Santos. Están en paro porque su actividad económica no es rentable. Son 383.000 de parque automotor, de los cuales un poco menos de 65.000 son tractomulas y el resto lo ocupan camiones sencillos, furgones y volquetas.
Los camioneros trabajan a pérdida: sus costos operativos, combustible, lubricantes y demás insumos son de los más caros del mundo, y los peajes, en número y costos, son otro tanto, agravados por la sobreoferta de un crecimiento sin planeación del transporte de carga del país que, según la Asociación Nacional de Empresas Transportadoras de Carga (Asecarga), hace difícil estabilizar sus precios. A esto hay que añadir los nudos derivados de las políticas de reposición de vehículos, que generan un impacto a la baja en las tarifas por movilización que recibe el transportador. La sobreoferta derivada de matrícula irregular de camiones puede llegar a 60.000, según la Cámara Nacional del Transporte, por lo cual los camioneros tienen menos recorrido a menor flete. De tal manera, reciben hoy fletes del 2008 con gastos del 2016, según denuncia la Asociación Colombiana de Camioneros.
Me llama la atención la consigna que se ve en sus pendones de “Fuera Impala de Colombia”, que plantea un talante reivindicatorio de esta actividad nacional, más allá de intereses particulares. Impala es una empresa transnacional europea que inició sus actividades en el país habilitando puertos carboneros; como el Michelman que funciona en Siape, Barranquilla, que transporta el carbón en barcazas abiertas hasta el puerto de Barrancabermeja, contaminando con el polvillo todo a su paso. Impala acumula demandas internacionales por transporte de basuras tóxicas de países desarrollados al África. Ahora, al parecer, incursiona en el negocio de transporte de cargas en alianza con Envía, que cambió sus góndolas transportadoras de petróleos por vehículos de carga seca, encomiendas y mensajería.
El gobierno actual le autorizó recientemente un cupo de 150.000 tractomulas, que entran a competir leoninamente con el trabajo de pequeños y medianos camioneros nacionales que han erigido un mediano patrimonio a pulso, atendiendo uno de tantos compromisos del TLC con Estados Unidos.
Por todo ello es justa la solicitud de un piso tarifario, un control de precios de combustibles y repuestos, un fondo social para que los camioneros puedan retirarse decorosamente de esta ardua labor al llegar a una avanzada edad, ellos y sus vehículos. Y un transparente proceso de reposición de vehículos, acorde con el real volumen de la carga que moviliza el país.
El transporte de carga terrestre que realizan los camioneros, mientras no haya otra alternativa, es importante para la salud de la economía nacional. Y pese a los incidentes que trae consigo este paro, como cualquier otro, muchas veces producto de saboteadores y no de los manifestantes, la estigmatización de los dirigentes y la tergiversación de sus objetivos, como bien lo analiza el bloguero Álex Rojas, no es un buen expediente para canalizar acuerdos en una decorosa negociación, y menos la criminalización de esta protesta y las medidas draconianas que anunciara el Gobierno.