Si el escándalo es por la suma cuantiosa y el abrumador patrimonio bruto de las iglesias, en principio debería dejar de verse como un negocio, ya que el sentido de los creyentes que ejercen esa práctica es otro según ellos, y eso es respetable.
Por Leonardo
El primer argumento en contra de la exención tributaria me parece válido, pero no lo suficientemente fuerte: “la exención tributaria lo que hace, en la práctica, es que les otorga a las instituciones religiosas un beneficio financiero que no reciben otras iniciativas de origen laico”. ¿Acaso las otras iniciativas de origen laico ejercen esa práctica religiosa? Y es una falacia lo que sigue al exponer que hay discriminación sólo porque el creyente diezma y el Estado lo permite y la iglesia se fortalece financieramente sin ningún impuesto, mientras el que no cree tiene que pagar impuestos normalmente si establece una organización de índole más social o no religiosa.
El creyente no recibe beneficio económico, y además de ejercer el diezmo y la ofrenda a voluntad propia, cumple con pagar sus demás responsabilidades ante el Estado, como un no creyente lo hace. El beneficio económico lo reciben todas las iglesias, para expandirse y mantenerse, pero eso para ellos tiene un sentido más allá de esto material (expandirse y mantenerse).
Por otro lado, no todas las iglesias se ven a sí mismas como instituciones religiosas, sino que cada creyente es la iglesia. Por tanto, hay un desacuerdo que no es genuino. Se ataca con conceptos diferenciados un asunto particular que para unos significa una cosa y para otros otra. Lo que yo veo es que es una práctica diferenciada que ejecutan y otros no. ¿Por qué hablar de discriminación?
El segundo argumento es convincente, pero se sucede del primero y permanecen las mismas falencias, por lo que se tumba a sí mismo: “De hecho, imponer un régimen tributario igual para organizaciones laicas y religiosas lo que garantiza es que el Estado no entre a definir qué cultos ameritan la exención y cuáles no, dando vía libre a que las personas se organicen alrededor de las creencias que deseen. Por supuesto, tampoco se trata de que mediante cargas tributarias se censure un culto, pero eso puede definirse con una regulación adecuada, no con la exención”.
El tercero es más pernicioso aún, como si la práctica religiosa o el diezmo afectaran la economía del país y generara un “vacío” que los colombianos que no diezman o no son creyentes suplieran con los otros impuestos. El colombiano promedio de por sí ya paga bastantes impuestos para suplir “vacíos” cada vez que al Gobierno se le antoja. Para la muestra un botón: tendremos ahora el IVA al 19 %. Si es creyente le aplica el IVA y además de esa alza a los impuestos sigue dando su diezmo porque es consecuente con su práctica religiosa, no deja de pagar sus impuestos por diezmar, eso es fanatismo.
Y el cuarto, sobre la molestia de la participación política, ¡sí la tienen! Y tienen el derecho. ¿O se lo van a negar por creer? Ahí sí pueden pronunciar esa palabra tan resbaladiza: discriminación. Se puede ver que en participación política muchos creyentes se han constituido ya en movimientos políticos sujetos a la ley y los requisitos de un partido político. Además, esto nutre el ejercicio político en el país, ya que promueve el liderazgo de jóvenes y de minorías que no son tenidas en cuenta.
Lo dejo a su consideración y les pido que no guarden odio ni envidia porque eso es muy fácil de promover y acoger cuando no se tienen en cuenta el contexto y la posición del otro en los medios.