La propuesta del Fiscal General de la Nación (vuelve y juega), en el sentido de aplacar la ergástula pena (pena de prisión) para el pederasta que devele a sus cómplices implicados en una banda de exterminadores sexuales no sólo ha resultado polémica, sino, para quien trata de digerirla, difícilmente le impide regurgitarla.
Un beneficio de tal calado para el más aberrante de los delitos, “aquí y en Cafarnaúm”, reprochado en la Biblia y en el Corán, repudiado ayer, hoy y siempre, no debería ser analizado con ningún sosiego; y, el ejercicio de hallar la justificación que concibió tal “improperio”, definitivamente, resulta tormentoso.
Seguramente no sea un simple favor el que les estarían haciendo el fiscal general y el Ministerio de Justicia a los exterminadores sexuales, pero no deja de ser inaudito que tanto el primero como el segundo quieran trasladarle a la ciudadanía en general, víctima directa e indirecta (porque la niñez es un precioso “activo social” por el que todos debemos velar) de este abominable flagelo, la carga de su incompetencia para neutralizar y desarticular las bandas delincuenciales que podrían operar detrás de una repugnante violación.
Aquello de las “organizaciones criminales” pareciera una excusa tan siniestra como pueril, para disfrazar la impotencia de la justicia colombiana frente a este y, ene mil delitos más, con el único propósito de legitimar la incapacidad absoluta del Estado no sólo para judicializar hordas delictivas, sino para fortalecer y dignificar el sistema penitenciario y financiar jueces probos, eficientes y contundentes, quienes a veces parecieran, huirle al trabajo y, “amordazados” quizá, por el endiablado hacinamiento carcelario, optan por otorgar irresponsable y precipitadamente, libertades a diestra y siniestra, beneficiando muchas veces, la humanidad de inmisericordes hampones que tienen abatido al país.
No desconozco que tras un violador haya todo un andamiaje patibulario de “trata de blancas”, abusadores, proxenetas y demás, pero, sin temor a equivocarme, muchos obran por cuenta propia; sin subordinación alguna en el desarrollo de su inmunda y devastadora actividad criminal. Ni ellos obrando individualmente, ni dentro de una colectividad de perversión delictiva, merecen beneficios de ninguna índole. Solamente un efectivo Estado que los persiga, enjaule y castigue implacablemente. Más allá del inexorable y detestable populismo punitivo. Cuyo indeseable benefactor, casi siempre, resulta ser un oportunista politiquero. Pero, entratándose de exterminadores sexuales y pederastas compulsivos, el incremento de penas no debería catalogarse necesariamente como fatal populismo.
Cualquiera sea la concesión que busque el fiscal con el despreciable pedófilo, por más bien intencionada que sea (con todo lo que se ha visto hasta ahora en la justicia criolla, lo dudo mucho…) solamente enviará un mensaje al país de bochornosa y condenable abdicación por parte del agónico Estado frente a un endiablado alud criminal que lo tiene tras las cuerdas; clamando ahora, no solamente porque los terroristas no purguen ni un solo día de cárcel, sino que además y, como si fuera poco, los cazadores de niños, que no solo violan, sino que despedazan el alma y la vida de los infantes, sean acreedores de rebajas de pena, si muestran algo de conmiseración, no con la víctima, sino con un penoso y estéril Estado, reitero, que necesita que, desde la misma criminalidad, le suministren las herramientas para hacer el trabajo que sólo no ha podido hacer: velar por la seguridad, honra, bienes e integridad ciudadana.
Infame concesión. Confesa rendición.
* Fernando Carrillo