COLOMBIA SUEÑA CON LA PAZ. HACE MÁS de medio siglo el pueblo clama por una nación libre.
Libre de subversión, de terrorismo, de atentados cobardes. Libre también de politiquería y de corrupción. Libre de células delincuenciales en la ciudad que, como abrasivas diásporas al viento, roen y carbonizan la urbe en nombre de los insurrectos que, desde sus trincheras rurales, incendian la nación enarbolando manchadas banderas de rancia revolución y una demacrada e infecta gloria.
Detrás de los atentados rastreros, perpetrados semanas atrás en Bogotá por milicias urbanas del Eln, se hallan “reputados” estudiantes del alma mater, “excelsos” activistas y, reconocidos cabecillas, perdón, dirigentes quiero decir, de respetables organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ello, según el arsenal probatorio juiciosamente acopiado por la Policía Judicial e investigadores de la Fiscalía. El cual, si bien puede no ser un sólido andamiaje infaliblemente evidenciable como pretende el editor de El Espectador (y, seguramente, miles de personas más) que sea, sí es una evidencia respetable con fuerza vinculante de responsabilidad penal y suficiente para empezar a construir una tesis de convicción tendiente a mitigar la duda razonable que en un futuro pueda extirpar una estrategia defensiva. Medios de prueba allegados por la Fiscalía que se han ido afianzando y que empezaron a descubrirse, incluso, antes de que el editorial que hoy impugno viera la luz.
Luego, vaya si encuentro precipitado apelar a calificativos como “montar un espectáculo a destiempo”, “dudosa conexión”, “anuncios apresurados” y “persecución” para desacreditar y zaherir la labor investigativa de un ente que, como la Fiscalía, definitivamente ha tenido decenas de traspiés y pifias de orden diverso, pero sin ambages ni empacho alguno, me atrevo vehementemente a afirmar que también ha obtenido resultados extraordinarios en la lucha contra la delincuencia y desmantelamiento de hordas criminales en el país. Al margen de las erratas, no dudo de la capacidad investigativa de una institución que mucho se ha tecnificado en los últimos tiempos. Capacitando al “extremo” al personal que funge tras cada operación forense.
De tal modo disiento de aquella hipótesis esgrimida que define la captura y los severos indicios en contra de los “presuntos implicados”, como un show extemporáneo “para ligar viejas investigaciones de actividades ilegales con los atentados terroristas en Bogotá”.
Dudo mucho que el ente acusador quiera afanosa e imprudentemente establecer forzosamente y prefabricar odiosamente un hecho objetivo en la comisión del delito; y que quiera contentarse con la “semejanza máxima”; como las condenas por pertenencia a un grupo criminal o una irresponsable asociación en un aparente concierto para delinquir, que no identifique a plenitud la participación directa en la acción (atentado terrorista) de los indiciados.
Traigo a colación a Eduardo Amadeo, reconocido politólogo argentino quien adujo que “una vez que se politiza la Justicia, se cambia su objetivo. Ya no estará para defender a los ciudadanos de la violación de sus derechos por el Estado, sino que estará para lo contrario: para defender al Estado contra las pretensiones de los ciudadanos. No estará para tratar a todos los ciudadanos por igual, sino para privilegiar a quienes compartan la ideología de los jueces y fiscales políticos, o de alguna determinada coyuntura al interior de una nación”. No encuadro bajo esta premisa la conducta de nuestra policía judicial, “obsesionada” en atajar el crimen, mas no a costa de reducir “inmaculadas” minorías estigmatizadas.