En la mañana del 22 de abril un nuevo ataque con ácido se presentó en Bogotá.
En esta ocasión la víctima fue un estudiante de 19 años de la Universidad Panamericana. Jéfferson Mejía fue atacado por un habitante de la calle en el sector de Teusaquillo y a consecuencia del asalto sufrió quemaduras de segundo y tercer grados. Lo más preocupante es que, según las autoridades y las declaraciones de Jéfferson, se trató de una nueva modalidad de robo.
De manera amenazante el agresor le dijo que lo siguiera: “Caminamos una cuadra. Me dice que me quite la maleta. Yo me la quito, estaba furioso. Le digo: sabe qué ‘chirri’, tome, se la regalo. Él la coge y me dice: cuál chirri y me arroja el ácido. Yo sentí como si me echaran candela. Quedé paralizado. Yo pensaba en mis ojos, en mi visión”.
A diferencia del editorial de El Espectador titulado “Rechazo total” o de las repetidas columnas y tuits respecto a estos crímenes, este (y muchos casos más) superan las barreras del machismo. Ya no se trata únicamente de “hombres en pleno uso de sus facultades, que deciden actuar de una forma aberrante y cometer un delito contra la integridad de quien no quieren que sea autónoma”, como asegura el comentario del periódico. Tampoco se trata de llenar páginas con frases que reprochen la “violencia contra la mujer”. Se trata de identificar la verdadera raíz de los ataques para que no busquemos soluciones equivocadas contra el problema real.
No es tampoco “barrer el mucho palabrerío casi indulgente con el que se denomina a los victimarios de estos delitos: ‘desquiciados’, ‘enfermos mentales’, ‘gente con serios problemas’”, porque si miramos las denuncias, sí se trata en algunos casos de personas con problemas mentales que deambulan por la calles sin ningún tratamiento médico.
Solo hace unas semanas, en la calle 98 con Av. 9ª, un indigente empezó a agredir a una serie de personas dentro de lo que podría ser un ataque de esquizofrenia o una alucinación. Estamos obviando la realidad y nos estamos parando sobre la punta del iceberg.
La psicóloga Verónica Ucrós, buscando investigar el número de víctimas de este delito, se comunicó con Medicina Legal, Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional, para pedir cifras discriminadas por sexo del atacante. Y descubrió que “los formularios de atención no le piden a la víctima que identifique el sexo del agresor, la segunda (entidad), sí, pero no lo tienen sistematizado y la tercera computa cifras de ataques dentro de las agresiones de tipo penal de lesiones personales”.
Basándose en las cifras que encontró, Ucrós especula que “hay razones para pensar que aquí podríamos tener un grupo de hombres que está utilizando el ácido con el interés mayoritario de tirarse la vida de otros hombres”. Esto sin contar el número de casos de colombianos que han sido atacados por sus propios padres.
El verdadero problema acá es la simplicidad que se le está dando al tratamiento de estos casos. No se trata únicamente de la Colombia machista, de los celos o del salvajismo. Se trata de un problema social que sí toca a los enfermos mentales que viven en las calles sin ninguna protección del Estado. Se trata de familias disfuncionales que no tienen las ayudas necesarias para tratar sus problemas intrafamiliares.
Es un Estado que no quiere ver más allá porque el problema se le salió de las manos.