EL CONTRABANDO ES UN EJEMPLO MÁS de nuestra cultura de la ilegalidad, producto del corto circuito entre normas formales y prácticas informales.
Más policía, más inteligencia y leyes más estrictas parece ser la receta que el Gobierno ha escogido para atacar el problema. Sin embargo, un análisis alternativo del fenómeno indica que existen medidas no represivas que ayudarían a reducir la incidencia de esta conducta, o por lo menos aminorar sus efectos más perversos.
Cuando decimos que “el país pierde al año $12,8 billones que podría recaudar en impuestos si estas mercancías fuesen legales”, ignoramos que el contrabando trae ganadores y perdedores y que, por lo tanto, no tiene sentido hablar de “el país” como una unidad. Los posibles ganadores son aquellos consumidores que pueden acceder a bienes más económicos y aquellos comerciantes que pueden elevar sus márgenes de ganancia. Los posibles perdedores son el Gobierno, que recauda menos aranceles de importación, y ciertas empresas nacionales, que deben competir con productos importados a menores precios. Cabe aclarar además que eliminar el contrabando mejoraría las condiciones de competencia de las empresas nacionales, pero no las haría más competitivas, pues gozarían de mayores barreras de entrada a los productos importados.
Ahora bien, ¿dé dónde sale la cifra de $12,8 billones? Supongamos que el Estado estuviera en capacidad de garantizar que todas las mercancías que entran al territorio nacional paguen sus respectivos aranceles. El precio interno de estos productos se elevaría, lo que reduciría la cantidad demandada, con lo cual el recaudo total del Estado por concepto de aranceles no aumentaría de forma lineal o incluso podría reducirse. Tomemos como ejemplo las bebidas destiladas. En este momento los consumidores tienen dos opciones: comprar el trago legal o comprarlo de contrabando. Una botella de trago legal vale dos o tres veces más que una botella de trago de contrabando. Si de la noche a la mañana la opción de comprar trago de contrabando desaparece, sería absurdo pensar que toda esa demanda se desviará a la compra de trago legal, pues muchos consumidores no estarían interesados en pagar un precio que es dos o tres veces más elevado que el que pagaban antes. Por lo tanto, el Estado en realidad no recaudaría la totalidad de los impuestos que antes se evadían.
Aunque son conductas estrechamente ligadas, no toda evasión de aranceles constituye un lavado de activos. La estructura arancelaria del país también incita al contrabando, pues genera discrepancias entre los precios externos e internos de las mercancías. Las medidas policivas son una manera costosa de solucionar el problema. Criminalizar a los comerciantes ilegales equivale a ignorar una dinámica real y aceptada por un gran porcentaje de la población. Una manera más efectiva de atacar la cadena de la ilegalidad asociada al contrabando es la facilitación del comercio exterior en general y de las importaciones en particular, específicamente a través de la reducción de los aranceles de aquellos productos que ofrecen jugosos márgenes de ganancia para los importadores ilegales.
David Ortiz Escobar
* Profesor e investigador, Facultad de Economía,Universidad Externado de Colombia.