Por Norman Mesa Lopera
Ni las sociedades más modernas ni las democracias más maduras se privan de tener una Fuerza Pública lista para intervenir cuando el diálogo, la persuasión y la conciliación se han agotado y quedan elementos humanos dispuestos a crear caos mediante el vandalismo para instaurar anarquías. Eso último, sin duda alguna, fue lo que pasó en la Universidad de Antioquia. Sugirió El Espectador en el editorial del jueves 27 de febrero, “La Fuerza Pública y las universidades”, que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, había traicionado a los estudiantes. Puede que así haya sido, pero muchos rescatamos que el burgomaestre honró su tarea como responsable del orden público en la ciudad y jefe de la Policía. Bien por esa, señor alcalde.
El hecho de que las universidades sean espacios de pensamiento crítico, investigación y transmisión de conocimiento no las exime para nada de que cualquier organismo —incluida la Policía— haga presencia allí en nombre del Estado para generar confianza y brindar seguridad a quienes no cohonestan con delincuentes encapuchados que buscan desestabilizar.
Del editorial, preocupa que alimente un cierto estigma contra la Policía y el Esmad, como si esos organismos fueran el “patito feo” del novelón que se viene presentando en los centros de educación públicos, cuando sabe el diario capitalino, y sabemos los colombianos de bien, que no es así y que lo que hacen es cumplir su tarea constitucional de recuperar el orden cuando este se vea amenazado.
Muchos sí creemos viable la convivencia armónica entre universitarios y policías. Sabemos que la gran mayoría de estudiantes están allí tocando las puertas de las oportunidades para salir adelante y afrontar con decoro los desafíos propios de la vida y, abonados como son al Estado de derecho que hoy tenemos, deben saber que cuentan para eventualidades con una Fuerza Pública legítima y diligente que les garantice también a ellos sus derechos sin el temor de tener que compartir con delincuentes.
Que se proteste, sí; que se violen los derechos de los demás, no. Que existan protocolos que privilegien el diálogo, sí; que se impida el ingreso y accionar de las fuerzas del orden a cualquier centro académico, no.
Cada que los colombianos asistimos a las urnas, cada que pagamos nuestros impuestos, le estamos diciendo al país que, a pesar de todo, tenemos fe en que el futuro puede ser mejor y en que nuestras instituciones nos van a responder, así que bienvenida la Policía, el Esmad, el Ejército, a cualquier sitio que requiera de su presencia para normalizar el orden. Esa bienvenida es, también, para que estén dentro de los claustros de educación públicos y privados.