No estoy de acuerdo con el sentir del editorialista del 11 de febrero sobre la muerte recurrente por desnutrición de niños guajiros, en especial aquello de aplazar la definición de responsabilidades para “el momento adecuado”.
Obvio que se necesitan acciones puntuales de choque que la fuerza de los hechos ha apresurado. Pero cuánto tendremos que esperar para identificar a los responsables que están siendo cuestionados por amplios sectores de La Guajira y la Nación: trabajadores, organizaciones de madres comunitarias, políticos no sólo de la oposición, y que los ha puesto en la mira de la Contraloría, de la Procuraduría, de los políticos, y para que se cuestionen sus programas de adopción o alimentación.
Hay que develar las responsabilidades políticas nacionales y regionales detrás de la manipulación de licitaciones y contratación de alimentos, de una entidad que, como el Instituto de Bienestar Familiar, debería ser una institución pública ejemplar que garantice los derechos de las familias y los niños colombianos, no sólo financiada en su totalidad por el Estado, sino operada por sus diversas dependencias institucionales, y no a través de “operadores privados”, en una maraña de contratos, vinculaciones espurias, tercerización de sus trabajadores, empresas contratistas fachadas de inescrupulosos políticos que se embolsillan buena parte de los recursos destinados a sectores tan vulnerables.
¿Cómo no señalar, por ejemplo, la responsabilidad de Alfredo Deluque de la U, el partido del presidente? El actual presidente de la Cámara ha controlado el ICBF en La Guajira desde 2011 a través de Leandro Sampayo, quien, tras las primeras noticias del escándalo de las trágicas muertes infantiles, fue obligado a renunciar y reemplazado por Cielo Redondo, incondicional de Alfredo Deluque, manejando ahora la mesa de concertación que coordina el reparto alimentario y con la que el ICBF debe concertar todas las inversiones regionales en dicha materia, según denuncia de Gustavo Rugeles en Las 2 orillas en julio pasado.
Cada directora del instituto de marras denuncia graves problemas en la contratación, administración y supervisión en una entidad monstruosa como el ICBF, que maneja más de 35 programas —todos privatizados— para la atención de más de cinco millones de niños.
Programas como Hogares del Bienestar (operados por fundaciones); Hogares Comunitarios (atendidos por madres comunitarias, contratados con organizaciones de madres usuarias); Fami (atendido por vecinas de la comunidad para promover la alimentación de las gestantes a domicilio); madres sustitutas para niños en abandono. Comedores infantiles focalizados en las zonas más deprimidas, más el eufemísticamente llamado Primera Infancia, “de cero a siempre”, que en la práctica ha anulado los preescolares en la educación pública para ser reemplazados por atenciones desescolarizadas: “leche y galletas”, “bonos de mercado”.
Para todos ellos hay todo tipo de carteles que se ponen de acuerdo para que licite un solo proponente o gane el señalado por el político de turno al mando.
No olvidemos que el ICBF es financiado con los llamados impuestos parafiscales, que se deducen de la nómina de todas las empresas públicas y privadas que operan en el país y de fondos de solidaridad pensional. ¿Hasta cuándo vamos a esperar para conocer quiénes dilapidan los recursos que nos sacan a todos?