Varios conceptos disuenan en su apresurado e imprudente editorial sobre el galeón de San José encontrado recientemente.
A continuación expongo unas ideas que no pueden estar ausentes de la discusión sobre qué hacer con el patrimonio que se rescatará.
Primero. Solicitar al Gobierno español que “se sirva valorar la inversión y el esfuerzo del Estado colombiano en la búsqueda”, es casi concederle desde ya propiedad indiscutible sobre el hallazgo.
Segundo. El galeón, en virtud de su bandera de entonces, bien podría llegar a considerarse español y en tal virtud ser objeto de una entrega de sus restos, si tal convenio no contraviniera legislaciones marítimas internacionales refrendadas por nuestro país y no fuese deseable y posible su conservación como patrimonio nuestro, en nuestro territorio.
Tercero. La España de hoy, como entidad nacional, dista mucho de representar al Imperio español de entonces y en tal eventualidad el paso primordial sería establecer su calidad de reclamante, en términos jurídicos indiscutibles.
Cuarto. El cargamento principal del galeón —en este presunto caso monedas, joyas y otros valores equiparables— no pareciera haber sido obtenido en virtud de convenios entre entidades con carácter estatal, ni en trasiegos comerciales respetuosos de las soberanías de estos pueblos. En tal virtud, por su origen ilícito y su iniciativa expoliatoria que simplemente no logró ser culminada, la opción de reclamación de España deberá considerarse inexistente e irrespetuosa.
Quinto. Con respecto a la empresa Sea Search, pareciera ser este un asunto muy claro. Un contrato para hallar un galeón debe —por fuerza— tener ese “hallar” como objeto preciso de tal convenio de búsqueda. Las coordenadas propuestas por esa empresa, cazatesoros precisamente, parecieran —según nuestro Gobierno— no coincidir con las coordenadas del hallazgo. Ergo, no se cumplió con el objeto del contrato de búsqueda. “La posible ubicación” que la Sea Search alega habernos proporcionado, siendo así de genérica, siempre la conocimos todos.
Sexto. Y se dio la sentencia concluyente de un Tribunal de los Estados Unidos, en el año 2011, que puso término a las pretensiones de la Sea Search. Roma locuta, causa finita.
Para terminar, e intentando una posición de adecuada justicia, podríamos llegar a considerar la posibilidad de repartir ese patrimonio de enorme importancia histórica con aquellos países que pudieran llegar a considerarse —con certezas razonables— los originales poseedores de tales tesoros robados por los colonizadores españoles.