Se ha querido sostener que en 2007 la Corte de La Haya dio a Colombia una victoria al ratificar que San Andrés, Providencia y los siete cayos adyacentes pertenecen al país, como establece meridianamente el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, un acuerdo bilateral perfeccionado en toda la línea según el derecho internacional y el derecho de los tratados. Inviable considerar como victoria esta decisión, pues la Corte carecía de argumentación jurídica contundente para pronunciarse en sentido distinto a la ratificación del mencionado instrumento bilateral. Por supuesto, Nicaragua había denunciado el tratado en su integridad, lo cual es perfectamente explicable dentro de la estrategia del país centroamericano: no iba a limitarse a denuncias sobre la frontera marítima.
Pero, además, el fallo de la Corte también advierte que se pronunciaría posteriormente sobre la delimitación marítima, considerando que el Esguerra-Bárcenas no es aplicable a dicha delimitación. Difícil considerar esta decisión como favorable. La Corte tenía seguramente varias opciones para dictaminar sobre la delimitación marítima, pero la que escogió fue la menos favorable a Colombia. La idea de que este primer fallo dejaba tranquilo al país para emprender en una segunda etapa la “defensa del Caribe”, anunciada por Colombia con bombos y platillos, culminó en un segundo fallo de la Corte que llegó a establecer una frontera marítima entre los dos países, lo cual ha creado nuevas complejidades en la zona. Este segundo fallo es inaplicable en Colombia, pues de acuerdo con la norma constitucional las fronteras internacionales del país se fijan mediante acuerdos bilaterales, como sostendrá Colombia ahora en la Corte de La Haya.
Lógicamente debe reconocerse la labor de Colombia para argumentar la validez del tratado Esguerra-Bárcenas. Pero, en síntesis, no había bases sólidas para hablar de una victoria de Colombia, pues la Corte ratificó la vigencia de un tratado que no planteaba dudas, y sobre la parte sensible, la delimitación marítima, advirtió que se pronunciaría más adelante, abriendo un horizonte de preocupaciones para el país y postergando el proceso sine die. Frente a la mesura que supuestamente debe acompañar al lenguaje diplomático, máxime en un asunto delicado, la declaración de victoria aparece fuera de contexto. Además, psicológicamente, hablar de victorias en estas situaciones resulta complicado, pues induce a pensar que lo que sigue será fácil y se puede perder vigor para el alegato defensivo subsiguiente.
Patricia Dávila de Navas. Embajadora de Carrera (r).
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