Bogotá y alrededores
Bogotá como va es insostenible; su infraestructura productiva ha ido desapareciendo y en los últimos decenios quedó limitada a muy poca cosa por efecto de los TLC y de una estrategia de importación masiva de bienes de consumo a cambio de commodities. La actividad económica de la ciudad se concentra en el comercio formal e informal, servicios diversos, sector financiero y actividades de gobierno.
La población de Bogotá ha crecido de manera importante en los últimos años, por dinámicas internas y flujos de población “desplazada” de todas las regiones del país, atraída por los servicios, la concentración del poder, las oportunidades de empleo, sobre todo en la construcción, y también en busca de seguridad. Pero este crecimiento poblacional demanda servicios económicos, sociales y ambientales que el socio-ecosistema no puede proveer. La mayor parte de la población está en condiciones de vulnerabilidad: la crisis del comercio internacional, el efecto del clima, la devaluación y la inflación actuales lo evidencian. Esto significa una enorme demanda potencial de subsidios.
Sobre una base muy frágil, un porcentaje importante del PIB del país se genera en Bogotá. Como principal polo de desarrollo nacional, la ciudad-región concentra el crecimiento y descompensó una estructura de ciudades muy importante —Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, Popayán, Tunja, Neiva, Ibagué, Villavicencio, etcétera— que debe servir como referente para un ordenamiento territorial y ambiental equilibrado y sostenible. El efecto de polarización generado por Bogotá impactó su entorno; la región ha tenido una ocupación desordenada y destructiva del ecosistema con especial efecto en la Sabana de Bogotá y municipios cercanos que son parte de la ciudad-región capital. El crecimiento de Bogotá-región y el consumo actual son insostenibles y deben frenarse. Como medida de urgencia se debe expedir un estatuto especial para manejar esta realidad. La Ley 388 de 1997 que regula los POT ha sido utilizada básicamente para manejar y justificar la expansión-ocupación urbana-industrial-minera desordenada del territorio y como instrumento de corrupción. El Minambiente-SINA y el DNP deben corregir esta tendencia autodestructiva con medidas de política y procesos de concertación, con el fin de orientar los próximos POT de los municipios y al país hacia la transición al desarrollo sostenible.
El problema no consiste en “hallar un equilibrio entre los ambientalistas y los constructores”. Se trata de lograr un modelo territorial, urbano, social, económico y ambiental sostenible que no es únicamente una zonificación del espacio. Significa la búsqueda de equilibrios dinámicos entre la sociedad y los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza. El laissez faire y la guerra aplazaron decisiones políticas y consensos sobre la orientación estratégica del país. Superar la crítica situación actual mediante el impulso a la construcción y a las obras de infraestructura, para asegurar el crecimiento del PIB, a la espera de que el sector productivo despegue, mientras nos seguimos endeudando, es la receta coyuntural e incompleta del FMI y del BID, que conduce a profundizar la crisis de crecimiento insostenible.
El alcalde de Bogotá tiene una responsabilidad con la ciudad, sus habitantes y la región, que va más allá de sus compromisos políticos, de apoyar campañas presidenciales y dar rienda suelta a su imaginación, sin consultar la realidad ni las necesidades de los ciudadanos. La reserva Van der Hammen debe respetarse. Además de necesaria es patrimonio de los bogotanos y del país.
Pablo Leyva