La inutilidad del 20 de julio
El interesante artículo de Edna Liliana Valencia “Soy afrocolombiana y no celebro el 20 de julio”, pone de presente, tal vez, la inutilidad de una de nuestras fechas patrias: el 20 de julio. Primero, porque no fue independencia y el único grito fue: “¡Viva el rey, abajo el mal gobierno!”, que de independencia tuvo más bien poco. El acta de constitución de la junta de gobierno empezaba invocando a su majestad Fernando VII. En conclusión, fue un acto de la clase dirigente criolla para empoderarse. Solo Antonio Nariño tuvo la visión de proponer un gobierno federal, que hubiera sido lo mejor, pero cayó en disputas internas que desembocaron en la primera guerra civil en Colombia. Eso fue todo.
Alberto Vanegas, Bogotá
La naturalización (normalización) de la corrupción
Se corrompe lo que se funda en una norma biológica que caduca (por ejemplo, con la muerte) o en un acuerdo social (como los que establecen las relaciones familiares, la amistad, los compromisos institucionales, hasta el matrimonio). El término se aplica a diversas situaciones, pero en el mundo actual se suele hablar de corrupción cuando se hace alusión a manejos indebidos de recursos públicos, o a componendas entre políticos para obtener beneficios en una campaña electoral o para el ascenso a cargos de importancia en un gobierno. El origen de la corrupción no es la actividad política. Ella es el escenario en el que se expresa y se consolida un comportamiento social. Por ello, la batalla contra los actos de corrupción empresarial, administrativa o de la gestión pública no se puede corregir mediante el juzgamiento y la condena en tribunales de justicia: quienes resulten culpables pagarán una pena, con dinero o con la detención en una cárcel, sin que necesariamente desistan de las prácticas que alimentan su ambición económica, política o social. Nuestros medios de comunicación buscan señalar y perseguir a los corruptos por los efectos de sus acciones, pero casi nunca hacen referencia a los orígenes de las mismas. Olvidan que una labor importante de su actividad debería orientarse a la educación de la población. Lo mismo sucede con las instituciones que dicen trabajar en pro de la transformación democrática de la sociedad. Se dejan seducir por una cacería de brujas en la que persiguen culpables del robo de dineros públicos, pero olvidan que el asunto tiene que ver con las relaciones entre personas, grupos, comunidades, entidades e instituciones, gremios, partidos… La corrupción es la expresión de un desajuste social, y por eso el combate contra ella no se resuelve con la acción policiva, judicial o punitiva, sino mediante la prevención de conductas que violan los acuerdos sociales para la convivencia.
Luis Jaime Ariza Tello, Cali
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