El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy Brey, intercederá en la Unión Europea, para eliminar la visa a los colombianos. No es un favor, ni mucho menos un regalo.
Colombia firmó un tratado de libre comercio con la Unión y, por lógica, para invertir hay que tener entrada sin restricciones.
Rajoy se opuso en el año 2001 a eliminar este engorroso trámite, pero todo cambió por la crisis económica de su país, los escándalos financieros de corrupción del pasado que lo acompañan y de los cuales es culpable. El presidente Santos ya lo logró con nueve países, entre ellos México. ¿Se acabará también con el maltrato en la embajada española en Bogotá por parte de la Guardia Civil española, quienes dan trato de delincuentes a todos los que por necesidad o gusto hacen largas filas para ir a ese país? ¿Ya no será más España la madrastra mala —porque las hay buenas— y retomaremos aquel cacareo de la madre patria? Ahora Santos debería trabajar con el mismo ahínco para que Estados Unidos elimine la dichosa visa, pues no sólo Detroit está quebrado sino el estado de Nueva York, según los informes económicos. Es bien sabido que los colombianos decentes, quienes son la gran mayoría, aportan no sólo con mano de obra calificada en oficios varios a la economía de estos países, sino con talento profesional. Todo es cíclico. Ahora sí necesitan de los “sudacas”, como peyorativamente nos llaman los chapetones de la colonia.
Helena Manrique. Bogotá.
Más política pública
Colombia está rezagada a nivel territorial en política pública como herramienta de planeación estratégica para atender los problemas. Sólo se planea con sentido visionario a nivel macro, sin que los efectos lleguen a los sectores descentralizados; en estas decisiones no se involucra a los actores principales, es decir, a las comunidades afectadas y a las autoridades locales, desatendiendo el principio de focalización geográfica. En estos momentos lo que más preocupa a la comunidad son las conflictividades que perturban la seguridad ciudadana y la convivencia, entre ellas los delitos de mayor impacto social, las violencias atípicas, las bacrim, la embriaguez al volante y la indisciplina social. La violencia guerrillera ya no es la que más intranquiliza a la sociedad y a los inversionistas. Los municipios y los departamentos deben hacer política pública en seguridad y cultura ciudadana.
Édgar Bejarano. Bogotá.