En su penúltima columna, Fernando Galindo aventuró una extraña teoría que, en resumen, afirma que con sus propios ingresos las EPS no pueden construir un patrimonio que les permita prestar un mejor servicio en salud. Al día siguiente, en las páginas de opinión, El Espectador generosamente publicó una refutación, firmada por el suscrito. Era de esperarse que, a la primera oportunidad, Galindo, como corresponde a un ejercicio dialéctico sano, se ocupara de defender su teoría, señalando las posibles inconsistencias argumentales de la mía, sus errores lógicos o fácticos, o, si era del caso, corrigiera y precisara sus propios argumentos. Solo así es posible llegar, en democracia con prensa libre, al mejor consenso público.
Pero no, eso no fue lo que pasó. En su nueva columna, “Modalidades de la corrupción en la salud”, Galindo guarda atronador silencio sobre el tema. Esto, por supuesto, demuestra que su tesis era indefensible desde el principio. Opta, en cambio, por la vieja estrategia de quienes se quedan sin argumentos: cambiar de tema, cambiar de objetivo, modificar el objeto de la discusión. Su más reciente columna es una mezcla de verdades a medias y falsedades que no amerita mayor comentario, salvo, quizá, esta reflexión general: si aceptásemos que las EPS son auténticas aseguradoras, y que por lo tanto la UPC es su ingreso, pero que, al tiempo, tienen el deber moral, jurídico y empresarial de prestar el mejor servicio de salud posible, despejaríamos de una buena vez el debate sobre lo secundario y nos podríamos concentrar en mejorar todos la calidad del servicio, en consolidar a los buenos actores y en sacar del sistema a los que no cumplen y a los corruptos.
Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).
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