La columna de opinión firmada por Cristina de la Torre y titulada “COVID Colombia: miles de muertes evitables” (El Espectador, nov. 3 de 2020) constituye una colección de falsedades, imprecisiones y tergiversaciones.
No es cierto que el Gobierno les haya entregado el manejo de la pandemia a las EPS. Las leyes vigentes cuando comenzó la crisis, y los decretos de emergencia expedidos para enfrentarla, subrayan el papel de liderazgo y rectoría de las autoridades sanitarias públicas nacionales y territoriales. A las EPS les corresponde en ese escenario, y así lo han hecho, apoyar la implementación de las decisiones que tomen esas autoridades en materia de salud pública colectiva y realizar todo lo que les corresponde para atender la salud individual de sus respectivos afiliados.
Así, por ejemplo, las EPS afiliadas a ACEMI han alcanzado, gracias a una adecuada gestión del riesgo y a la implementación de innovadores y eficaces modelos de atención, unos niveles de letalidad que equivalen a la mitad de los que ha logrado el resto del sistema. Como país, tenemos la menor tasa de mortalidad entre naciones de población comparable.
No es cierto que las EPS se hayan negado a practicar pruebas de laboratorio. Hoy estamos promediando las 50.000 pruebas diarias, muy cerca de la máxima capacidad instalada que ofrecen los laboratorios públicos y privados del país, y que contrasta con las 30.000 pruebas diarias que se hacían hace poco más de un mes. Los angustiosos represamientos que padecimos hace unas semanas, ya en buena medida superados, no obedecieron a ninguna estrategia perversa, sino a la realidad de que estábamos creando como país una nueva industria (la de este tipo de pruebas diagnósticas) inexistente antes de la pandemia, y la demanda excedió por mucho a la oferta. No habría, por lo demás, ningún incentivo económico para las EPS en negar pruebas, pues es un costo que corresponde al Estado, y es de nuestro mayor interés detectar los casos a tiempo, cuando su tratamiento es más eficaz y menos costoso para el sistema.
Los cambios que introdujo el Gobierno para permitir en algunos casos el diagnóstico clínico se hicieron para lograr un mayor número de aislamientos en menor tiempo, cuidando los escasos recursos estatales. Pero, de nuevo, estamos batiendo récords históricos en número de pruebas y ese solo dato derrumba el planteamiento central de la columna.
En otros temas, la columnista acusa a las EPS de “forrarse” en utilidades. No se tomó el trabajo de revisar los estados financieros que publica la Supersalud, en los que queda claro que en los últimos años las EPS han dado pérdidas generalizadas y la prima que reciben es insuficiente frente al costo creciente de los servicios de salud que han de cubrir. No obstante, según encuestas independientes, al menos en lo que toca con las EPS afiliadas a ACEMI (comprometidas con el cumplimiento de los más altos principios éticos internacionalmente aceptados para organizaciones de salud y con la aplicación de estándares éticos superiores en salud), los usuarios se sienten más que satisfechos con los servicios recibidos. Así lo demostró una reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, por ejemplo, según la cual más del 75 % de los usuarios tienen una buena imagen o recomendarían su propia EPS.
La libertad de opinión que El Espectador lleva más de un siglo defendiendo es sagrada. También es sagrado el derecho de los lectores a saber de la irresponsabilidad y de la ligereza de algunos de los opinadores a quienes nuestra Constitución protege, como no puede ser de otra forma.
Gustavo Morales Cobo, presidente de ACEMI. Bogotá.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com