Me acabo de enterar de su editorial del domingo 22 de enero intitulado “La dilación como estrategia”, donde se hacen graves afirmaciones sobre mí que no corresponden a la verdad.
Son tantos y tan abstractos los hechos de que me acusa, que es difícil defenderme de ellos. Con el riesgo de equivocarme, creo que (fuera de los calificativos morales) el único hecho claro que se me imputa es de haber estado ausente. De ese hecho cierto, usted deduce, contra toda ciencia lógica, otros que no son ciertos, y me hace responsable de ellos, que forman lo que califica como “evento bochornoso”.
Comencemos por el hecho cierto y preguntémonos el porqué. No asistí porque había sustituido el poder a otro abogado. La sustitución se había hecho frente a la propia Procuraduría General de la Nación, en el lugar donde había que hacerla (la Secretaría General), con suficiente anticipación y podía presumir que la Procuraduría no ignoraba ese hecho. La sustitución del poder es un mecanismo legítimo, previsto en todos los sistemas jurídicos, incluido el colombiano, para atender dificultades de todo género de los apoderados. No es el momento de señalar todas las que concurrieron en mi caso, que me impidieron estar en Colombia, pero lo cierto es que no pude regresar al país ni siquiera para atender la agonía y el sepelio de mi tío Alfredo Araújo Noguera, concomitante con los días de la audiencia; como también es cierto que el día de la audiencia, el viernes, no me encontraba en la ciudad de Miami. Los apoderados, como todos los seres humanos, estamos sometidos a contingencias y dificultades.
La facultad de sustituir el poder se encuentra otorgada directamente por la ley y no se requiere que sea expresa. La única manera de impedirlo es que el poderdante expresamente prohíba la sustitución, que no fue mi caso. Por eso, sí resulta bochornoso, y violatorio de la ley y de los derechos humanos, que el procurador, después de haber aceptado la sustitución, la haya revocado arbitrariamente, con el argumento de que mi poderdante no me había facultado expresamente para sustituirlo. No se necesitaba esa facultad que da la ley, y nunca mi poderdante me lo prohibió. Y más bochornoso aún que al apoderado se le haya retirado con la Fuerza Pública por pedir la ratificación del mismo. De ese desconocimiento de la ley por parte del señor procurador y de su abuso de poder no soy responsable yo.
No sobra recordar que esa situación se presentó porque el procurador violó la ley, ya que el Código Disciplinario Único establece que la sentencia debe dictarse el mismo día de la audiencia en que terminan los alegatos de conclusión o a más tardar dentro de los dos días siguientes. Así se lo señalé al procurador expresamente, en esa audiencia y, de haberse cumplido la ley, yo habría estado presente. Sólo ese día se supo que se cambiaba la fecha fijada por la ley. No sobra recordar que ya antes yo había cambiado mi fecha de viaje, pagando las correspondientes multas, ya que las empresas aéreas no hacen los cambios gratis.
El argumento del procurador para no fallar en la fecha fijada por la ley es un argumento pobre, como fue que yo me había gastado varias horas presentando mi alegato final. Es deleznable, ya que él conocía el proceso desde mucho antes de asumirlo yo (la anterior apoderada había renunciado porque no le permitían ejercer su defensa), y él tiene más de tres mil funcionarios que lo apoyan, de los cuales cerca de mil son abogados (mientras yo sólo tenía un suplente). No sobra recordar que ya la Corte Constitucional tiene establecido mediante sentencia de constitucionalidad —que prima sobre las de tutela— que el apoderado o el disciplinado no pueden ser limitados en su defensa, ni en el tiempo ni en los argumentos.
Como entiendo que su editorial toma mi caso para ejemplificar otros aspectos del Estado de derecho que queremos y debemos construir, aprovecho para referirme a ellos. El primer aspecto es que quien dirige un proceso debe ser imparcial e independiente. No tiene garantía de sus derechos el ciudadano si quien lo investiga es el mismo que lo juzga. Esto tendremos que cambiarlo algún día. Quien juzga tiene que ser independiente de las partes y de cualquier otra persona, incluidos los grupos económicos o de presión. Hay que fortalecer la Rama Judicial, comenzando por entregarle el presupuesto que necesita.
Necesitamos que la opinión pública entienda que en el Estado de derecho, si bien es cierto que deben existir muchos ojos vigilantes, quienes tienen la misión institucional de fallar son los jueces y que los fallos de los jueces tienen que ser con fundamento en las pruebas de los hechos; que no basta la maledicencia o la calumnia, que no basta con afirmar que una persona es asesina, sino que hay que probar los hechos de quién, con quiénes, cuándo, cómo, dónde, por qué y con qué fin se hizo asesino, y que si esto no está probado, el juez y los ciudadanos tienen que respetar la presunción de inocencia. Si entre todos creamos esta conciencia colectiva, habremos creado un seguro colectivo contra actos de despotismo y fortalecido los derechos de los ciudadanos. Aquí los medios de comunicación tienen una función muy importante.
Finalmente, es mi deber manifestarle que si bien ejercí mis derechos dentro del proceso, jamás realicé un solo acto de dilación y que permanentemente colaboré con la Procuraduría en el desarrollo del proceso y que mi vinculación al mismo se dio, no por motivos económicos, sino por la conciencia que tenía de la existencia de la ‘Operación Amazonas’, de la que yo también fui víctima.
Espero que estas líneas hayan servido para que usted tenga otros elementos de juicio y pueda informar a sus lectores, quienes tienen el derecho dado por el Art. 20 de nuestra Constitución de recibir información veraz e imparcial; lo que implica el deber correlativo de quien la da de emitirla también veraz e imparcialmente. Por ejemplo, todo el párrafo donde usted dice: “Igual, Araújo argumentó que le resultaba imposible acercarse a la sede diplomática para solicitar un nuevo aplazamiento, que no fue concedido”. Los hechos son absolutamente falsos, pues nunca dirigí otra carta a la Procuraduría. Ni expresé jamás esos argumentos. Ni solicité nuevo aplazamiento.
Jaime Araújo Rentería. Bogotá.
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