La perversión, entendida como lo «que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas» o algo sumamente malo que causa daño intencionadamente, es la práctica habitual de los delincuentes de cuello blanco.
Al entendido de que Colombia es un Estado de derecho, y como tal tiene su reglamentación, el cooperativismo en la Ley 79 de 1988 se declara como de interés común y lo define como “un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso… ”.
Esta clase de delincuencia se llama así, de cuello blanco, porque es audaz y con gran capacidad de actuación ante los medios , y es difícil establecer si su acto corresponde o no a una falta. Es tal su fantasía que la sociedad, en parte, cae bajo el poder de su seducción. Tal vez esa sea la razón por la que la Superintendencia de Economía Solidaria no vea irregular que en cumplimiento de esos postulados un director cooperativo obtenga en Colombia un salario mensual superior al del presidente de EE.UU., que gana mensualmente US$33.000.
A los ojos de este organismo, un sector cooperativo con salarios de US$50.000 sería una prueba viviente del cumplimiento de la ley, de cómo Saludcoop, por mencionar un ejemplo, contribuye a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios a favor de las clases populares.
La distorsión de nuestra percepción es tal que los medios por poco nos hacen llorar a los ciudadanos cuando se entrevista al perverso.
Estos miembros de tan insano club no sólo campearon en la administración publica, llámese DNE, Invías, Fondelibertad, sino que también tocaron otras instituciones sin ánimo de lucro. Y la razón es una sola, las distintas superintendencias no tienen la capacidad de vigilancia y control que son deseables. Cuando en la economía neoliberal el Estado pierde su capacidad de control, la corrupción, la perversión de principios se dispara a ojos vista de todos los ciudadanos.
Es urgente que las superintendencias crezcan en recurso humano altamente especializado, con una carrera de ascensos que estimule su estabilidad, contrario a lo sucedido en la SNS, responsable a cual más del crecimiento de la corrupción en salud, pues la Ley 1122 de 2007 en su artículo 42 le ordenó la organización de la defensoría, incluso en cada departamento de Colombia ,y a la fecha ha omitido su cumplimiento. Y, claro, sin que el procurador haya suspendido a algún superintendente por tan grave falta disciplinaria.
Hernando Otero Cúcuta
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com