En mi condición de alcalde de Vetas, he estado atento a las columnas de Ramiro Bejarano en El Espectador sobre el papel de los ambientalistas extremos que no han permitido, por sus intereses personales y políticos, que nuestras regiones progresen en temas tan vitales como lo son la infraestructura y la industria minera, posición que comparto totalmente.
En nuestro municipio lo estamos viviendo y siendo afectados de manera grave en la delimitación de ecosistemas de páramo contemplada en el artículo 202 de la Ley 1450 – Plan Nacional de Desarrollo.
Vetas es el municipio con su casco urbano más alto del país, 3.345 msnm, con 2.579 habitantes (censo DANE 2005) y que económicamente y desde sus ancestros depende de la labor de pequeña minería de oro y plata, ejercida de manera legal por sus mismos habitantes, que son titulares mineros y han creado pequeñas compañías para ello. De igual manera, en los últimos años compañías extranjeras han realizado inversiones en nuestro municipio con el interés de desarrollar una industria minera con mayores recursos técnicos y económicos dentro de modelos de sostenibilidad y estándares internacionales.
Es de anotar que nuestro municipio ya fue afectado en su territorio y economía minera con la declaratoria del Parque Natural Regional Páramo de Santurbán (PNR), que causó la pérdida de 1.200 empleos directos y aproximadamente 2.500 empleos indirectos en nuestra región de Soto Norte. En nuestro municipio, 150 empleos se perdieron y el 61,05% del territorio quedó en el PNR, lo cual ha generado una grave situación de orden público e ilegalidad en la minería que puede agravarse si se adopta una delimitación de ecosistema de páramo que tenga un área mayor a la del parque.
No se puede tomar una decisión de delimitación sin contar con la existencia de más de 15.000 personas en las áreas afectadas, donde se desarrollan actividades económicas en territorio propio, permitiéndoles tener una alternativa de desarrollo y de vida que no puede ser quebrantada e irrespetada por una mala decisión del Estado, pero nos preocupan las actuaciones en contrario de sus funcionarios y las autoridades ambientales que están tomando otras decisiones.
Nuestra lucha es que en este proceso de delimitación se protejan los derechos de toda la comunidad de esta región de Soto Norte, donde, si realmente lo que se busca es la conservación del área, no se resuelva con decisiones que causen desastres ambientales, fomenten la minería ilegal, lleven al desplazamiento y la miseria, mayores pérdidas de empleo, destruyan las actividades mineras y agrícolas que legalmente se adelantan en nuestros municipios.
Los derechos constitucionales a la vida, al territorio, al trabajo, a la libre empresa están siendo vulnerados por parte del mismo Estado. ¿Qué futuro para nuestros hijos y próximas generaciones les espera si vamos a perder todo lo que tenemos?
David Augusto González J.
Alcalde de Vetas, Santander.
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