En relación con el artículo “Masacres, homicidios y agresiones a líderes: el violento inicio de 2019” (El Espectador, enero 16/19), en el que se asegura que “este año comenzó con sangre” al hacer referencia al lamentable asesinato de líderes sociales y el homicidio de cuatro personas en Valle del Cauca, me parece necesario aclarar que, si bien las cifras son preocupantes, la afirmación es, por decir lo menos, inexacta.
De hecho, comparado con los primeros diez días de enero de 2018, el comienzo de 2019 ha sido menos violento. Mientras que el año pasado se registraron 326 casos, en lo corrido de 2019 se han registrado 301 homicidios, lo que implica una variación de -8 % frente al mismo periodo del año anterior.
La preocupación por la situación de los líderes sociales es compartida y, por eso, desde el Gobierno nacional, pusimos en marcha el Plan de Acción Oportuna, PAO, que articula los esfuerzos de las instituciones involucradas con la protección de estas personas. Con base en ese marco, Ministerio del Interior, Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Unidad Nacional de Protección y Ministerio de Defensa hemos puesto en marcha acciones específicas para atender la situación.
Solo por mencionar el ejemplo más reciente, que es el caso de El Salado, jurisdicción de Carmen de Bolívar, 103 hombres de la Infantería de Marina entraron para reforzar la seguridad de la zona, en cumplimiento de la obligación del Ministerio de Defensa que es, precisamente, proteger el territorio. Y a esto se sumará una campaña policial y militar para la defensa de líderes sociales en las regiones del país donde existen amenazas potenciales contra sus vidas.
El delito de homicidio, en general, nos preocupa. El incremento de 3,5 % en 2018 frente al año 2017 se convierte en uno de nuestros principales retos de gestión, pero en la lectura de las cifras es de subrayar que, una vez llegado el nuevo gobierno, fuimos capaces de revertir la tendencia y pasar de un crecimiento del 6 % entre 1 de enero y 6 de agosto, a un incremento de 1 % en el número de casos entre agosto 7 y 31 de diciembre. El problema está concentrado en las zonas con mayor incidencia de narcotráfico y extracción ilícita de minerales, especialmente en los municipios del Bajo Cauca antioqueño (Tarazá, Caucasia e Ituango, principalmente), Tumaco en Nariño y la región del Catatumbo en Norte de Santander, donde ya se adelantan acciones para atender cada situación.
Operaciones como el Plan Diamante y El que la Hace la Paga, que evolucionan en Plan Bicentenario y Colombia Bicentenaria, hacen parte de la acción permanente del Estado en el esfuerzo de reducir la criminalidad y, en consecuencia, los índices de homicidio en todo el territorio nacional. Nuestro compromiso es lograr, como mínimo, que la tasa de crecimiento de este delito llegue a cero y comenzar con una reducción efectiva del mismo en todo el país.
Guillermo Botero Nieto. Ministro de Defensa Nacional.
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