Por medio de la presente me permito solicitar muy atentamente se sirvan rectificar la noticia que se publicó en el portal informativo de El Espectador del día 4 de junio, denominada «Conflicto de intereses parlamentario.
70 congresistas que se beneficiarán de la reforma a la justicia”, escrita por los señores Alfredo Molano Jimeno y Juan David Laverde, en donde aparece reseñado mi nombre, como congresista que cursa un proceso de pérdida de investidura.
Esta noticia es errónea porque desde el pasado 12 de febrero de 2012 el Consejo de Estado en pleno, con ponencia del magistrado Alfonso Vargas Rincón, denegó la pérdida de mi investidura y la de otros senadores.
Carlos Ferro Solanilla. Senador de la República.
Castración química
El médico Roy Barreras, quien aspira a la presidencia del Senado en julio próximo, propone como gran novedad la castración química (bajar la libido), para violadores-asesinos, y exhibirlos en los muros de la infamia. A Rosa Elvira Cely, víctima del sicópata asesino Javier Velasco Valenzuela, quien dejó una huérfana de doce años, no le sirve la tan cacareada castración química, y aunque existiera la física o quirúrgica, tampoco. Esto, sería un placebo (píldora de azúcar, sin valor terapéutico alguno, que se administra a los enfermos para producir un efecto sicológico), no un castigo. En un país gobernado con la Biblia y la camándula, mas no con la Constitución y el Código Penal, no se puede esperar nada diferente. Pena de muerte no, porque Colombia es un Estado Social de Derecho y se aduce objeción de conciencia. Cadena perpetua no, porque es una altísimo costo para el Estado. ¿Entonces? Sigamos sumando víctimas, marchas inútiles y demás manifestaciones y ensayos fallidos. Estados Unidos aplica la castración química en los estados de California, Florida, Georgia, Texas, Luisiana y Montana sin éxito. El violador-asesino es un enfermo irreversible y en Colombia muchos gozan de casa por cárcel. No más espectáculo, legisladores, no es con cubitos de azúcar sino con leyes serias, proporcionales al impotente dolor eterno, que no se perdona, no se borra, no se olvida y no se sana jamás.
Helena Manrique. Bogotá.
Sobre una columna de Juan Carlos Botero
Quiero hacer notar que Juan Carlos Botero en su columna del viernes 8 de junio de 2012 registra varias imprecisiones:
1. El título de su columna es Matar a los gais. Lo ordena la Biblia. Uno espera que se muestre en qué texto de la Biblia se basa el sacerdote o pastor Charles Worley para afirmar que hay que matar a los gais, pero en su artículo en ninguna parte se alude a este hecho ni tampoco cita, en los ejemplos de textos bíblicos, ninguno que se refiera a matar gais.
2. Confunde pastor con sacerdote. Todos sabemos que son categorías diferentes: el primero es protestante o evangélico y el segundo católico. Al fin quién es el individuo: ¿Un pastor o un sacerdote?
3. Confunde “asamblea de Yavé” con iglesia. El señor Juan Carlos Botero debería saber que “asamblea de Yavé” judía es una cosa y otra muy diferente es la Iglesia de nuestros días.
4. Confunde Iglesia con misa. El texto de 1 Corintios 14,35 habla de Ekklessia, que es la asamblea de los creyentes. Otra cosa muy diferente es la misa. En el tiempo en que se escribe el texto nadie sabe lo que es una misa.
Periodistas como Juan Carlos Botero cuando se atreven a tocar temas que no manejan porque no es su campo, deberían tener la delicadeza de consultar a un experto o experta antes de publicar tantas imprecisiones. Es una pena porque el tema que trata el artículo reviste suma importancia.
Esteban Arias Ardila. Bogotá.
Reforma a la justicia
Autorizadas y reconocidas voces nacionales de diversos sectores se han pronunciado sobre el proyecto de reforma que entra a su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. El exfiscal Gustavo de Greiff R. señaló que lo mejor sería que el Gobierno en “un acto valeroso” lo retirara y presentara otro que efectivamente resolviera el problema de la justicia que a su juicio básicamente “consiste en tener más jueces y más ilustrados” (El Tiempo de mayo 20); el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Augusto Ibáñez dijo en entrevista en El Espectador que si se aprueba como está, produciría un caos institucional; el Observatorio Nacional Permanente de la Justicia (ONPJ) le critica que “habría 70 parlamentarios” con procesos pendientes ante la Corte Suprema y el Consejo de Estado y por tanto “están legislando en causa propia” (El Espectador de junio 5); en el mismo diario Rodrigo Uprimny señala que las normas por sí solas no funcionan, que lo importante es la preparación de los jueces que las aplican y que la carrera judicial que viene orientando la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha sido notable, pero el proyecto no le ha dado la importancia debida, pues la nueva estructura “acentúa, junto a la cooptación, el riesgo de corporativismo judicial”; la columnista Cecilia Orozco Tascón dijo que el proyecto de reforma es “peor que el narcomico” de 1995 que se hundió antes de nacer a la vida jurídica.
Si el actual debate en torno al proyecto, que apenas comienza a socializarse a nivel nacional, se hubiera impulsado hace seis meses o antes, mejores elementos de juicio de orden académico, político y social hubieran contribuido a estructurar un proyecto de consenso social y no de disenso, como parece que ocurriría en caso de aprobarse tal como está diseñado el actual, antes del 20 de junio. Lo mejor para el país y los tres poderes públicos involucrados en la discusión es la sensatez y la búsqueda de coherencia entre el aparato de justicia que necesita la Colombia real, para avanzar socialmente, y no hacer otra norma constitucional, una más de tantas, que más les sirve a las editoriales que actualizan e imprimen la Constitución cada dos o tres meses.
Calixto Cortés. Cúcuta.
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