El Espectador en su edición del 5 de abril habla sobre el hurto en Bogotá, describe las zonas más afectadas. Este delito genera doble impacto en la sociedad: i) la percepción de inseguridad se ve afectada notablemente por el efecto en cadena que se crea en las víctimas directas e indirectas, creando incertidumbre frente a la capacidad de las autoridades y otras externalidades que desgastan la imagen del Estado, como hacer justicia por propia cuenta; ii) la economía de las personas se impacta múltiplemente: el costo que se asume ante la pérdida de los elementos, lo que cuesta reponerlos, el costo de oportunidad, los impuestos que se pagaron o los que haya que pagar por el elemento hurtado, el cesamiento de lucro cuando es un bien productivo, el valor del tiempo y los costos en los tramites de judicialización. Las autoridades deben diseñar estrategias que direccionen todos los recursos y capacidades a la intervención del delito integralmente: 1) desde lo social impactando las causas generadoras, las vulnerabilidades; 2) desde la prevención: ciudadana, territorial, física e institucional; 3) intervención: focalizada, de inteligencia, investigativa y territorial; 4) judicialización: sanción y resocialización con eficacia.
Entre más costoso el delito para el delincuente, le genera desbalance con la expectativa de lucro, por tanto, se presenta el desestímulo. De ahí la importancia de generar dificultades que se deriven de la prevención integral, de la intervención y de la judicialización.
Si la ciudadanía adopta mecanismos de protección, autoprotección y además se articula y coordina con las autoridades, se reducen las oportunidades para el delincuente por las dificultades para actuar y el elevado costo que ello le representa.
Si las autoridades hacen presencia como elemento disuasivo, inteligencia, diagnóstico y focalización, se aumentan las dificultades y los riesgos para el criminal, es decir, hay más probabilidades de captura y de judicialización, el delincuente se inhibe de actuar por el alto costo que le significa hacerlo.
De lo anterior se concluye que la articulación entre la institucionalidad para brindar atención social y de la comunidad con las autoridades encargadas de proteger la vida y los bienes de las personas dificultan la actividad criminal. Que el diagnostico, la inteligencia y la fuerza legal aumentan los riesgos para el delincuente. Es necesaria la corresponsabilidad en todos los niveles para desestimular la economía criminal.
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