Recibimos una carta sobre las deudas del terrorismo.
Deudas fantasmales
Decretar la desaparición del terrorismo es tan ingenuo como reformar la Constitución para introducirle un artículo que prohíba la avaricia y la envidia. Ojalá se pudiera, pero es utópico. Desde niño he visto morir personas muy queridas porque alguien deseaba quitarles algo y la única manera de evitar que eso ocurra con frecuencia es construyendo un Estado fuerte, capaz de tener jueces rectos y policías decentes que atemoricen a quienes organizan bandas criminales. A ese Estado fuerte, que nunca hemos tenido, capaz de evitar la acción de los violentos, lo bautizó Uribe un Estado garante de la seguridad democrática.
La confianza en la justicia divina funcionaba antes por el temor al infierno y la justicia humana funciona hoy donde existe temor al patíbulo. Ni el perdón cristiano ni las amnistías gubernamentales convierten a los perversos matones en ciudadanos de bien, y esa incapacidad manifiesta de los gobiernos débiles para garantizar nuestros derechos, cuando acceden a negociar con terroristas, conlleva el fracaso irremediable del sistema político que representan.
En Colombia se formó el movimiento guerrillero para tratar de forzar una reforma agraria que pretendía cambiar el esquema de la propiedad rural. Era claro hace 50 años que los campesinos eran maltratados o estaban abandonados por el Estado y que buena parte de la responsabilidad era atribuible a propietarios de latifundios con gran poder político y al uso de la violencia para aumentar la concentración de la propiedad rural en pocas manos. Llevar al campo el modelo de lucha sindical urbana requería armar a los actores, pues se sabía que la reacción de los propietarios sería feroz.
Hace 50 años unas conversaciones como las que se adelantan hoy en La Habana le habrían evitado al país años de turbulencia que todos lamentamos. Hoy, el escenario ha cambiado. La propiedad sigue concentrada, pero ya no se busca como solución plausible la división en pequeños feudos para entregarlos a unos insolventes propietarios condenados a la ruina. El crecimiento demográfico de las ciudades, muy superior al del campo, la revolución verde con agroindustria, la minería y el negocio de la droga han transformado el panorama y la antigua ambición de darle la tierra a los que la trabajan dejó de ser el objetivo de una guerra.
Al desaparecer la razón de ser del conflicto, la paz negociada se vuelve un cuento. Lo que quedaba del antiguo movimiento insurgente eran bandas de delincuentes comunes organizadas para explotar viejos negocios como la extorsión, el secuestro y el contrabando. La criminalidad generalizada no se acaba, fírmese lo que se firme en La Habana. Porque es una estrategia engañosa por lo obsoleta y obedece solamente a razones de vanidad personal, causando más daño que beneficio al “perratearse” la confianza en la capacidad del Estado para reprimir el delito, votaré NO en el plebiscito y no me sentiré por eso más culpable de la violencia latente que cualquier otro habitante de este convulsionado mundo.
Juan Manuel Buitrago.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com