Sobre el Banco de la República
Con extrañeza leí que, en entrevista realizada el pasado domingo por El Espectador al codirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, éste afirma que “el banco siempre ha sido una institución con una alta calidad técnica, un buen ejemplo de servicio civil en Colombia y además con mucha independencia”.
Sólo para referirme a aquello de que ha sido “un buen ejemplo de servicio civil en Colombia”, que se sepa, en su larga historia el Banco de la República no ha convocado, para ingresar a su inmensa y bien pagada planta de personal, ni un solo concurso de méritos, adelantado por medio de una universidad mediante examen de conocimientos —y otras pruebas—, como lo hacen las demás entidades del Estado. El banco ha realizado convocatorias directas de vez en cuando, en las que siempre resultan beneficiados los profesionales de las universidades privadas, cuyos egresados tradicionalmente han ocupado las privilegiadas posiciones del sector económico del país: los Andes, Rosario y Javeriana. Ya denunció hace muchos años el senador Camilo Sánchez las prebendas y los altísimos sueldos que devenga el personal del Banco de la República. Ojalá el Emisor permitiera el ingreso a sus miles de cargos por concurso de méritos —abierto y público, en igualdad de condiciones para todos—, tal como lo ordena el artículo 125 de la Constitución, y no por roscas y palanca, como ocurre en la actualidad, cuando el banco está lejos de ser “un buen ejemplo de servicio civil en Colombia”, como lo pregona su codirector.
Jorge González Caro. Bogotá.
Consultas populares
Hace por lo menos 50 años, sectores populares se manifestaron contra la entrega a título casi gratuito de la riqueza petrolera nacional a las multinacionales; ante la represión oficial y el acallamiento de esas voces, nacieron grupos armados para seguir en esa lucha. Afortunadamente, hoy los pueblos de las regiones ricas en hidrocarburos y minería pueden pronunciarse pacíficamente a favor o en contra de esa actividad. Es de esperar que el Gobierno respete esas decisiones y que el Congreso no acceda a aprobar leyes que deroguen las consultas populares.
M. Cristina Quiroga. Cali.
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