Legalización del aborto en Argentina
Lamentablemente, el tema del aborto se ha convertido en un escenario de juicios y prejuicios no exento de fanatismos y exageraciones de uno y otro lado. Se estigmatiza y hace “matoneo” tanto a quien fija su posición en el derecho a la vida de un ser viviente ya engendrado e indefenso como es el bebé en el vientre de la madre, como a la futura madre angustiada y temerosa de su futuro, bien sea por posibles y graves problemas de salud reales, como por múltiples presiones externas que la sociedad en general ejerce sobre esa misma madre.
¿Será que pesa más el derecho a “su cuerpo” de la mujer embarazada, quien conscientemente puede tomar una decisión, o el derecho a la vida de quien ya tiene vida, pero que no tiene forma de defenderse? ¿Qué será más cavernario, retrógrado e inhumano: acabar con la vida de un ser humano ya engendrado y con todo el futuro por delante o el derecho a “su cuerpo” de la mujer joven o adulta?
El tema merece, cuando menos, un debate y análisis mucho más serio que el propuesto en el editorial sobre la aprobación legal del aborto en Argentina o en cualquier parte del mundo, más allá de que hubiera sido aprobado en varios países a los que se considera avanzados en este momento.
¿No será bueno, de otra parte, considerar los abusos que se ya se han cometido en aquellos países en donde se legalizó el aborto para casos específicos y excepcionales, y en los que fácilmente se aborta en cualquier momento del embarazo, uno, dos, tres o más meses después de la gestación, o se dan razones sin fundamento científico para proceder al aborto? ¿Cómo podremos declararnos los seres humanos defensores del derecho a la vida si no somos capaces de defender la vida misma?
Manuel Guillermo González.
Sobre una columna
Muy acertada la periodista Claudia Morales en su columna de la semana pasada sobre la empresa Avianca. Entiendo que nos plantea el interrogante sobre a quién obliga la calificación del transporte aéreo como servicio público esencial. Agrego: ¿sólo a los trabajadores, para impedirles la huelga, o también a la empresa, para que cumpla a cabalidad con su actividad comercial? La otra pregunta seria: ¿las autoridades administrativas y judiciales sólo sirven para proteger a la empresa, como tan rápidamente lo hicieron para declarar la ilegalidad de la huelga de los pilotos, pero no para defender los derechos de los usuarios de los servicios de la empresa?
M. Cristina Quiroga.
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