Paramilitarismo y justicia
Con la lentitud e inoperancia que siempre han sido la principal característica de la Fiscalía General de la Nación, hoy, 20 años después del asesinato del abogado y defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, la Corte Suprema de Justicia tuvo que retomar el caso y tumbar dos instancias proferidas con dictamen de absolución por sendos juzgados y a favor de los hermanos Angulo Osorio.
Ante la impericia de la justicia colombiana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir y pedir de esta manera al Estado acciones contundentes para tal efecto.
Pero no todo termina aquí. El abogado Jesús María Valle, que en varias oportunidades acudió a denunciar las horrendas masacres de El Aro y La Granja, nunca tuvo eco y la única respuesta a sus súplicas jurídicas fueron “las balas” y consecuentemente su posterior muerte, ejecutada por criminales y ordenada por bandidos que ostentaban el poder en las más altas esferas gubernamentales. Hizo caso omiso y los oídos sordos el hoy fallecido (en extrañas circunstancias) Pedro Juan Moreno, quien para la época se desempeñaba como secretario de Gobierno de Antioquia y “mano derecha” de Álvaro Uribe Vélez, y por supuesto que no podía faltar el macabro apoyo de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el tenebroso DAS.
La investigación continúa y la justicia colombiana NO puede seguir absolviendo criminales de grueso calibre y sentarse a esperar a que organismos internacionales sean los que determinen las acciones jurídicas inherentes a nuestros jueces y fiscales, dejando ver así una “soslayada inoperancia” por cuenta de sus ejecutores.
Virgilio Duque Salazar. Bogotá.
¿Contraloría(s) para qué?
Demasiado despliegue noticioso sobre el nuevo mecanismo para la elección de contralor de la Nación, parece más un reality show o una telenovela, soslayando el tema de fondo, que es la corrupción sistémica que se apoderó de Colombia. No importa quién llegue, el IPC (índice de percepción de corrupción) difícilmente mejorará, y la Contraloría General de la República continuará como un fortín burocrático de pobre desempeño y las canonjías vivirán. Resultado: Colombia seguirá vulnerable en materia de control de delitos de cuello blanco.
Qué bueno repensar si deben continuar estos entes de control ya agotados y debilitados por la politiquería, sobre todo los departamentales, que deben desaparecer. ¿O por qué mejor no debatimos cómo darles dientes para que el control sea en tiempo real y no a posteriori, como sucede hoy, estimular la participación ciudadana con recompensas y poner sobre el tapete de nuevo la creación de un tribunal de cuentas?
Hernán Salazar Hurtado. Armenia.
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