Cartas de nuestros lectores.
Contrasta la “sindéresis” de su editorial del pasado martes, en donde se critica al procurador, con la violencia verbal y conceptual del miércoles, en donde se rompen lanzas contra la respuesta de movilización pública a la que tienen derecho los miembros (ciudadanos y funcionarios) de un país medianamente democrático frente a las medidas arbitrarias de las instancias de poder, así sean ellas legítimas. No importa que El Espectador y los demás medios en manos de las grandes empresas nacionales de Colombia y de los inversionista extranjeros hayan matado (y comido) de ese político llamado Gustavo Petro desde que se posesionó. ¡Qué democracia para el postconflicto! ¿Cuándo se debatirá el nefasto papel de los medios de comunicación privados para una democracia que se asemeje —siquiera— a ese ideal que nació en la Grecia clásica, tan diferente de la actual cuyo Dios es la codicia privada?
Néstor Miranda. Bogotá.
Lo dicho
En distintas comunicaciones que les he enviado sobre la crisis de las basuras del 18 al 20 de diciembre de 2012 en Bogotá, les recordé que ella había sido ocasionada por los contratistas privados como un medio de presión contra el alcalde Gustavo Petro. El Espectador del miércoles, con la entrevista a uno de los actores del célebre carrusel de la contratación, confirma mis apreciaciones. Dicha entrevista tiene que servirle como hecho sobreviniente al señor procurador para que reponga su medida de destitución. Ahora bien, si insiste en confirmarla, demostraría estar incurso en la presunta conducta punible de abuso de autoridad, sancionada por el artículo 416 del Código Penal con pérdida del empleo o cargo público, por excederse en el ejercicio de sus funciones.
Carlos Alberto Maya Resprepo.
Absurdo
Es absurdo que porque el procurador, basado en hechos que todos los habitantes de Bogotá vivimos en carne propia, impuso al alcalde de Bogotá, general (r) del M-19, una sanción prevista en la ley y que aparece desproporcionada, una franja de la población se levante en protestas, y que al mismo tiempo guarde silencio y total indiferencia ante la orden de encarcelar tomada por el fiscal en contra del general (r) de la Policía Miguel Maza Márquez. Mientras el alcalde tiene la libertad de utilizar los bienes y medios de comunicación del Estado para convocar a la rebelión, el general Maza debe guardar silencio encarcelado viviendo una condena que parece perpetua. Al procurador, por un acto legal, lo abuchean; al fiscal, por un acto ilegal, lo aplauden y enaltecen. No hay duda que vivimos en el reino de lo absurdo y de la injusticia.
Carlos Fradique-Méndez. Bogotá.