El enfrentamiento habido recientemente entre miembros de Asonal Judicial y un gran sector de trabajadores de la justicia en Bogotá estuvo a punto de terminar en una gresca que patentizó la evidente división que existe en el interior de los sindicatos del poder judicial.
Para nadie es un secreto reconocer de antemano el derecho a la protesta con el que los servidores judiciales emprendieron desde hace más de dos meses el paro de labores, pues sus peticiones salariales datan desde mucho antes y, después de la expedición de la Ley 4ª de 1992, cuya finalidad consistió en nivelar a todos los trabajadores, desde el más encumbrado magistrado de las altas cortes hasta el más modesto servidor de los juzgados municipales y promiscuos municipales en todo el país.
Lo que no tiene ninguna justificación ni razón valedera ante la opinión pública es la indiferencia y tozudez de los gobiernos de turno, que a la fecha no han dado estricto cumplimiento a la precitada normatividad, sino que por el contrario, en cada presentación del pliego de peticiones respetuosas de los servidores judiciales, el Estado ha respondido con recurrentes paliativos, plasmados en bonificaciones, que de suyo no constituyen factor salarial.
No obstante esta movilización no se puede perpetuar en el tiempo, pues en una negociación hay que ceder de parte y parte, buscando siempre proteger los derechos de los trabajadores, sin abocarlos ni exponerlos de manera irresponsable a sufrir medidas represivas como el anunciado no pago de sus salarios ni prestaciones, por el hecho de impedir el acceso al servicio de la administración de justicia, en detrimento de los usuarios y profesionales del derecho.
Orlando Morales. Bogotá.