Triste que tuviera que ocurrir una pandemia para que la Rama Judicial pensara en modernizarse y dejar atrás todo el rezago que ha venido acumulando a lo largo de los años. Considero que, en esta oportunidad, los organismos encargados han echado mano de la pandemia para no quedarse atrás en el activismo desplegado por todos los estamentos, y no para evitar el cierre de los despachos judiciales, pues en varias ocasiones, por determinación de alguno de los muchos sindicatos, se ha negado el servicio por meses sin que se exigiera su restablecimiento por parte de las autoridades o de los abogados litigantes.
Esta pereza institucional para poner a tono la justicia con los tiempos modernos no obedece únicamente a la incapacidad de los órganos rectores para tomar firmes determinaciones al respecto, responde también a intereses oscuros.
No es nuevo ni desconocido que la morosidad y paquidermia de los juzgados beneficia a muchos, es causa de inmoralidad y produce ingentes réditos para algunos empleados y funcionarios (como el cartel de la toga, entre otros). Es la manera más fácil y valedera de obtener coimas que se maquillan con la consabida coletilla de la “carga laboral”, que en últimas logra el beneplácito de las autoridades disciplinarias. En síntesis, los términos judiciales nunca se cumplen.
Ha llegado el momento de que el Consejo Superior de la Judicatura “tome el rábano por las hojas” y, sin sin más excusas ni consideraciones, proceda a modernizar no solo las audiencias sino todo el sistema de presentación y desarrollo de los trámites judiciales, dando aplicación a las herramientas que le otorga el Código General del Proceso, y no se quede en dar soluciones coyunturales que, antes que beneficiar, pueden llevar a una mayor inoperancia de nuestra justicia.
Con seguridad, dando el salto necesario a la modernización de la sistematización de los procedimientos se coloca a tono la Rama Judicial, se aceleran los trámites y se les pone cortapisa a focos de corrupción que han llevado al desprestigio de nuestra justicia.
Se espera que para finales de mayo la Rama Judicial esté habilitada para continuar prestando el servicio público de administración de justicia, que hoy está denegado en el 100 % del territorio nacional, con excepción de las acciones de tutela y algunas actuaciones en materia penal, bajo el entendido de que el estado de emergencia social paralizó a una de las ramas del poder público, siendo este acontecer contrario a lo normado en el numeral 3 del artículo 214 de la Constitución. Nadie dice nada.
Aura Marlene Ríos Chaparro. Abogada.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com