Bajo el título “Descentralización y robadera”, el columnista Felipe Zuleta, en la edición del domingo 26 de septiembre, descalifica el proceso de descentralización que ha vivido Colombia y le atribuye los males de la corrupción, el despilfarro y la politiquería.
Atribuirle a la elección popular de gobernadores y alcaldes todos los males que padece nuestra democracia es, cuando menos, algo insensato, por no decir descabellado. La corrupción, el despilfarro y la politiquería han estado siempre presentes en la administración del Estado colombiano. Lo que ocurre es que antes eran menos visibles, menos auscultables por el periodismo, la ciudadanía y la justicia.
Hoy, gracias a un importante despertar ciudadano y a la tarea investigativa de algunos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, podemos conocer escándalos de corrupción como el carrusel de la contratación en Bogotá, que destapó Gustavo Petro en 2011, o los desfalcos de Reficar, Hidroituango y el más reciente y sonado caso del anticipo a Centros Poblados por $70.000 millones en el contrato que firmó Mintic para dotar de internet a las escuelas rurales del país.
Zuleta parte de una premisa equivocada: era mejor la administración pública regional sin elección popular. Mejor cuando todo se decidía en Bogotá y los mandatarios regionales solamente obedecían al presidente. Ese modelo le sirvió al Frente Nacional con sus partidos Liberal y Conservador, pero ahora que el mundo ha cambiado, que los ciudadanos están mejor informados y son más libres para elegir, se reclaman mayores niveles de participación para fortalecer la democracia. Eso fue, justamente, lo que logró la Constitución de 1991, resultado de la presión de jóvenes, trabajadores, ciudadanos del común y fuerzas políticas de izquierda, siempre excluidas de la administración del Estado.
Los males de nuestra democracia no radican en la participación de la ciudadanía; por el contrario, es la participación la que permite el desarrollo de la democracia. La corrupción y la politiquería se alimentan de factores como la incursión de actores armados en la elección de mandatarios locales y la impunidad que nace en nuestro débil sistema de justicia, lo que incentiva a algunos para meterle la mano al erario. Sin embargo, en el fondo de todo, el problema está en la incubación desde la década de los 80 de una cultura del enriquecimiento fácil y rápido, cuyo origen se advierte en el crecimiento del narcotráfico. Esa cultura encontró tierra fértil en la administración del Estado; allí el botín se lo disputan toda suerte de politiqueros provenientes de los partidos que tradicionalmente han gobernado al país.
Al final de su columna, Felipe Zuleta menciona a Gustavo Petro para descalificar su candidatura presidencial. Otra vez con el gastado discurso del populismo y la amenaza del retiro de los inversionistas del país ante un eventual gobierno de Petro. Posiciones como esta, que apelan al miedo y la mentira, son las “jugaditas” que les han permitido a los mismos de siempre seguir en el poder disfrutando la corrupción y la robadera de la que se queja el columnista.
José Miguel Villarreal Barón. Bogotá.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.