La vía Mulaló-Loboguerrero, cuya licencia ambiental fue aprobada por la ANLA el 17 de agosto pasado, es una carretera de 31 kilómetros que acortará la distancia en una hora al puerto de Buenaventura. El trazado evita tener que ascender 400 metros la cordillera Occidental, que se traduce en ahorros para la economía nacional en tiempo y dinero. Este proyecto está concebido desde 1993 y durmió el sueño de los justos hasta 2015, cuando la ANI adjudicó la licitación que fue ganada por Covimar, una empresa de Corficolombiana.
El licenciamiento se empantanó durante seis años por un pequeño detalle: el trazado pasa encima de un acuífero de 6,1 kilómetros de extensión que surte el acueducto del corregimiento de Pavas, municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca. Más de 11.000 personas se verían afectadas en caso de que la compactación del pavimento fracturado por el peso de más de 4.000 tractomulas diarias lo destruya definitivamente. Los efectos pueden ser desastrosos: quedarse sin agua obliga a las personas a emigrar, con la pérdida de valor de sus inmuebles que conlleva la intervención vial.
Un típico conflicto socioambiental. ¿Podrá diseñarse un nuevo trazado para que no pase por el acuífero?
Para la ciencia es claro que el régimen de recarga de un acuífero puede alterarse por la instalación de pavimentos impermeables. Así lo advirtió el propio Ministerio de Ambiente en la Resolución 2451 de 2018: “Por ser una intervención lineal y local, la relación del proyecto con este recurso hídrico será proporcional a la compactación del terreno en la franja vial, por lo que los probables cambios en la dinámica hídrica sobre la unidad acuífera y su aporte al agua superficial también se pueden prever como puntuales. De lo que se puede concluir es que el terreno correspondiente a la franja de la vía donde habrá compactación y cubierta con pavimento se convertirá en una limitante para el flujo libre del agua, por lo que los flujos en las áreas adyacentes se redistribuirán, con posibles cambios en calidad o cantidad de agua de los manantiales, aljibes o pozos cercanos a la vía”.
Pese a detectar esta probabilidad de daño al recurso natural, el Ministerio del Ambiente, llamado a protegerlo, sustrajo mediante la resolución citada la reserva protectora del área solicitada para la vía. Si hay probabilidad de daño, ¿por qué el Ministerio del Ambiente no aplicó el principio de precaución?
La gobernadora Clara Luz Roldán y los gremios del Valle celebraron la noticia, aunque Covimar presentó el pasado 12 de agosto una demanda ante el Tribunal de Arbitramento por fuerza mayor ambiental que pide reversar la concesión y reclama de la ANI $290.000 millones, más intereses e inflación, que invirtió en estudios ambientales y en compra de predios. ¿Por qué se compraron predios sin contar con una licencia ambiental?
Están en juego varios derechos colectivos: ambiente, infraestructura, patrimonio público, acceso a servicio público de agua y moralidad administrativa. ¿Habrá justicia ambiental?
Sergio Roldán.
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