La decisión de la Corte Constitucional de equiparar la indagatoria con la imputación, dándole validez a lo actuado por la Corte Suprema de Justicia cuando los procesos pasan a la Fiscalía por renuncia de los congresistas, no impedirá que ellos, por estrategia jurídica, sigan haciendo la jugadita de renunciar al fuero que les otorga la ley. Si el proceso se mantiene en la Corte Suprema, la investigación y el juicio se adelantan ante ella, e incluso si se acude a tutela contra alguna decisión que allí se tome, también es la Corte Suprema, con sus salas Civil y Laboral, la que resuelve, tanto en primera como en segunda instancia, esa tutela. Solo si esta se selecciona interviene la Corte Constitucional para sentar jurisprudencia.
En cambio, si el proceso pasa a la Fiscalía, esta solicita, ante un juez penal, lo que considere pertinente y esa petición puede ser avalada o rechazada por el funcionario judicial. Esto significa que hay más garantías para el imputado, ya que intervienen la Fiscalía y el Poder Judicial, por cuanto con la renuncia al fuero opera la Ley 906, mientras que la Corte Suprema aplica la Ley 600 a los aforados.
Otra ventaja de pasar de la Corte Suprema a la Fiscalía es que lo actuado por la Corte, bajo la Ley 600, es prueba desde el inicio de la investigación, mientras que en la Fiscalía lo actuado por la Corte Suprema durante la etapa investigativa son simples elementos materiales probatorios, ya que en la Ley 906 solamente se habla de prueba en el juicio. Por ello, el señor fiscal que lleva el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez tomó lo actuado por la Corte Suprema como elementos materiales probatorios y recogió otros por su cuenta, para llegar a la conclusión de pedir una preclusión, que puede ser acogida o rechazada por el juez que tiene el caso; cualquiera que sea la decisión, con toda seguridad apelará la parte con que no esté conforme. Lo importante es que finalmente brille la justicia.
En consecuencia, la estrategia jurídica a la cual hace referencia el editorial de El Espectador del 12 de noviembre de 2021, “Un freno necesario a la ‘jugadita’ de las renuncias”, seguirá siendo utilizada por nuestros congresistas, porque, como se puede observar, la decisión de la Corte Constitucional en el fondo no es ningún freno.
Hernando José Arraut Pacheco. Exdefensor público exjuez de instrucción penal militar.
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