El reciente proyecto de reforma al Código Penal presentado por el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Néstor Osuna, es confuso, además de que carece de móviles claros y definidos.
A la par que sus colegas del Gobierno, Osuna se ha caracterizado, en su breve pero intenso paso por la cartera de Justicia, por no dejar indiferente a nadie con sus declaraciones. Ha propuesto desde su posesión ambiciosas reformas al sistema penitenciario que buscan paliar en alguna medida la penosa decadencia humanitaria que atraviesan todas y cada una de las cárceles de este país. En este orden de ideas, cuando días antes de la presentación oficial de la iniciativa legislativa de reforma al Código Penal se venía anticipando por voces autorizadas del Gobierno, no tomó por sorpresa a nadie que una de las metas iba a ser la eliminación de algunos tipos penales con el fin de combatir uno de los grandes flagelos humanitarios de las penitenciarías: el hacinamiento. ¡Bendita idea la de descongestión definitiva de las cárceles! Y es que, aún mejor, no haría falta sacar un peso de las arcas públicas para construir nuevas penitenciarías, solo se requiere que nuestro honorable Congreso acompañe esta idea que se antoja apenas lógica e irrebatible.
Ante qué sorpresa desagradable nos encontraríamos, cuando finalmente llegó a nuestras manos el texto definitivo del proyecto. Un conjunto torpe e indescifrable de propuestas que no arrojan indicios de un norte común. Si abordar el hacinamiento era el propósito, no se entiende por qué se apunta a la eliminación de tipos que apenas tienen capturas efectivas, como lo son el incesto y el irrespeto a cadáveres. Es que si bien es cierto que delitos de este orden religioso parecen cada día perder vigor en el marco de nuestras actuales concepciones de Estados seculares, es desacertado pretender adelantar su eliminación en el marco de una reforma que en apariencia buscaba otras metas.
Que no se confunda mi intención: aplaudo la introducción al debate público de la discusión sobre cualquier asunto por espinoso que parezca. En efecto, la sociedad colombiana merece revisar su norma penal para reafirmar o proscribir según amerite el caso; no obstante, se antoja inconveniente y oportunista abordar el tema en una iniciativa cuya bandera parecía al menos descongestionar y humanizar el sistema penitenciario.
Daniel Felipe Abisambra Ballestas.
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