Las crónicas que está relatando El Espectador, tocante a Buenaventura y sus alrededores, de cómo la delincuencia se ha venido tomando los barrios y quiere tomarse los terrenos donde en el futuro se construirá el emporio empresarial e industrial de este importante puerto de entrada y salida del comercio nacional, son verdaderamente preocupantes.
Parece que existen grupos muy bien conformados y armados que están enfrentados con otros grupos, que a sangre y fuego luchan por apoderarse de áreas muy sensibles de la economía del Pacífico.
En medio de esta demencial e incontrolada situación, que opera al margen toda ley y autoridad legítimamente constituida, se encuentran los jóvenes que son obligados a pertenecer a cualquiera de los grupos en contienda, que no respetan sus vidas ni las vidas de sus familiares. Son asesinados y luego sus cuerpos descuartizados sin ninguna contemplación.
Hay empresarios del crimen que pagan a las bandas criminales por la siniestra labor con el fin de hacerse a esos terrenos que hacia el futuro les darán magníficos dividendos. Son empresarios sin escrúpulos, con una visión mafiosa de los negocios, que de ninguna manera le convienen al país y, especialmente, al Pacífico colombiano, al puerto de Buenaventura y a sus gentes honradas.
Arduo trabajo tiene el Gobierno actual y el gobierno próximo para aplicar el rigor de la ley y someter a las bandas criminales, cualquiera sea su origen, que causan desplazamientos; cuyos desplazados vienen llegando a la comuna Cazucá, Soacha, y procuran corromper la convivencia pacífica de las familias residentes en el municipio de Soacha.
Luis Castellanos García. Bogotá.
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