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Licencias ‘light’ para un país cuadriculado

25 de septiembre de 2014 - 08:25 p. m.

Muy importante el editorial de El Espectador del 24 de septiembre de 2014, sobre el proyecto de decreto gubernamental relativo a la reducción del tiempo para el trámite de una licencia ambiental.

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Es cierto que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y demás autoridades que tienen competencia en el asunto deben ser revisadas. Vale la pena hablar de eso y estudiar el tema.

Dicen que la ANLA se está tomando demasiado tiempo para tramitar una licencia. La experiencia indica que son trámites complejos que requieren mucha información técnica y tienen numerosos imponderables que es necesario prever, máxime si se considera que los proyectos estudiados por la ANLA son de gran envergadura económica, física, social y ambiental. Este tipo de proyectos merecen un tratamiento especial en el momento de su formulación y estructuración y sus gestores están obligados a considerar con “responsabilidad” sus impactos y efectos en el país real que buscan transformar, para que no sea el Estado el obligado a “descubrir” con enormes costos cuáles serán esos impactos y si los efectos se pueden mitigar y a qué precio. Esto y una política muy clara en cuanto a las condiciones (ejemplo, no fracking) para que los proyectos tengan viabilidad, combinada con infraestructuras técnico-científicas de evaluación y monitoreo, conduciría a un mayor cuidado con la naturaleza y la sociedad, a mayores rendimientos económicos y menores tiempos de ejecución.

Esta compleja situación no se soluciona con un decreto exprés, ni menos alimentando la macrocefalia de la ANLA que, dadas las circunstancias, tiende a desbordar al Minambiente, supeditar a las corporaciones y realizar tareas de los institutos de investigación. El problema no es jurídico. Se trata de que las macrodecisiones sobre el desarrollo y los megaproyectos se hagan con fundamento científico y no se basen sólo en su rentabilidad y en políticas improvisadas y “aceleradas” con efectos ambientales irreversibles y cuyos costos pagamos todos.

Pablo Leyva. Bogotá.

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