Me parece que el artículo titulado “Los presos de Guantánamo”, escrito por el columnista Yesid Reyes Alvarado, incurre en un exceso de simplificación.
Como anota el autor, los presos internados en el centro de reclusión conocido como Campo de Detención de Guantánamo, también conocido como Guantánamo o Gitmo, establecido por el gobierno de los Estados Unidos en 2006 bajo la segunda administración de George Bush, hijo, están allí porque desde un punto de vista de seguridad nacional se los considera potencialmente peligrosos y no porque hayan desplegado conductas delictivas. En efecto, los organismos de inteligencia norteamericanos llegaron a establecer, más allá de toda duda razonable, que la mayor parte de estos individuos eran inocentes. Como resultado de esto, el sistema judicial de ese país solicitó la excarcelación de estos reclusos, la gran mayoría de ellos de nacionalidad yemení. Cuando todo estaba listo para que se hiciera efectiva la orden judicial de expatriarlos, ocurrió la serie de atentados terroristas perpetrados por grupos extremistas islámicos en sedes diplomáticas norteamericanas en Egipto, Libia y Yemen, que dio lugar a la suspensión de la determinación de los tribunales de enviarlos de regreso a casa.
La peligrosidad potencial que se aducía se basaba en el frágil argumento de que al haber estado privados de la libertad por tanto tiempo en condiciones oprobiosas, violatorias de los derechos humanos, las víctimas de estos atropellos abrigarían un resentimiento tan profundo contra los Estados Unidos que las haría propensas a unirse a cualquiera de los grupos terroristas islámicos que proliferan en el Medio Oriente, muchos de ellos brazos de Al Qaeda en Yemen. Lo que de ninguna manera constituye una razón justificable de su detención. Y los organismos internacionales de justicia se mantienen firmes en exigir su liberación, por no haber cargo contra ellos en los Estados Unidos, en sus países de origen, en los que se encontraban al momento de su captura, ni en ningún otro. Encontrándose en la penosa situación como detenidos en forma indefinida sin que se les presenten cargos y desatendidas las providencias judiciales que los favorecían, casi la totalidad de estos detenidos se declaró en huelga de hambre y se recurrió a alimentarlos a la fuerza, procedimiento en extremo doloroso que se realiza tres veces al día y que, de acuerdo al criterio de muchos entendidos, raya en la tortura. Es apenas obvio que el país que los reciba debe dejarlos libres o facilitarles su traslado a cualquier otro país que los acoja y que garantice el respeto a sus derechos humanos.
Hernando Pareja L. Cartagena.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.