En octubre del presente año se llevarán a cabo las elecciones de alcaldes y gobernadores y este hecho plantea varias situaciones.
Para empezar, surge la inquietud de cuál de las dos tendencias que han polarizado al país tendrá los mejores resultados. La derecha, cada día más radical, hoy con presidente a bordo en clara representación del grupo orientado por su mentor Álvaro Uribe, quien tras bambalinas ya empieza a dictar las normas de su interés, en temas como el de eliminar la Ley de Garantías; lo que facilitaría a su sector contar con enormes recursos para adelantar y financiar las campañas de sus candidatos a escala nacional.
De otro lado se encuentran los movimientos gremiales, regionales, de carácter popular y los denominados de izquierda. Todos estos tienen como característica principal el carecer de recursos y la posibilidad de participar en recursos del Gobierno.
Al movimiento más votado deellos, el de la Colombia Humana, con más de 8’000.000 de votos, le han negado la personería jurídica y con ello la imposibilidad de contar con los dineros que la ley contempla para la financiación de su campaña. Ni pensar en las posibilidades de otros movimientos.
En el centro del debate queda la pregunta de si el consenso mayoritario de los colombianos en la lucha contra la corrupción, como fenómeno político de la consulta llevada a cabo el año anterior, dará sus frutos e inclinará la balanza en favor de quienes optamos por el cambio.
Sin lugar a dudas un elemento fundamental en la próxima contienda habrá de ser no solo los programas que se presenten ante la opinión en el ámbito local y regional, sino cómo han de construirse.
Y para ello la acción de la democracia participativa y de consenso ha de surgir sobre la base de identificar sus problemas y necesidades, y la inequívoca decisión de soluciones posibles y alcanzables con los recursos con que se cuenta y el control transparente sobre su ejecución y gasto.
Un instrumento fundamental en el control del manejo de los recursos públicos es la creación de las Veedurías Ciudadanas, por parte de los miembros de comunidades, asociaciones, juntas de acción comunal, movimientos políticos y cualquier tipo de organización cívica; en cualquiera de las jerarquías de la administración, ya sea local, municipal, departamental o nacional.
No basta con hacer una buena elección de quienes habrán de representarnos, para lograr el cambio que tanto anhelemos; el organizarnos y participar en la creación, ejecución y control de los programas de gobierno hará la diferencia. Pablo Enrique Medellín.
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