La columna “Ruta crítica para la reforma rural” plantea estrategias ya fracasadas, sin estudiar el replanteamiento por enfoque territorial, con integración de recursos sociales, organizativos, económicos y ambientales. La perspectiva exige el rediseño de políticas con ordenación del territorio por provincias, la simbiosis desarrollo rural-urbano-rural, la articulación a los sistemas agropecuarios, agroforestales y silvopastoriles; la venta de servicios ambientales y alianzas entre la comunidad, el Estado y el sector privado.
Las reformas se estructuran con renovada conceptualización espacial y poblacional. La ruta para las políticas, acorde con la realidad contemporánea, es así:
A. Reforma rural
- Reconocimiento provincial. La planeación rural y el Catastro Multipropósito no tienen alcance nacional, departamental y menos municipal. Son por provincias homogéneas 110, aproximadamente, según leyes 160/94, 1454/2011. Ejemplo, La Mojana requiere POT y catastro integrados, sin fronteras artificiales, y después, derivar los 13 instrumentos municipales.
- Trazado de la frontera agropecuaria y agroecológica. Estrategias y proyectos dependen de esta frontera, cuando la Ley 135 de 1961 falló por considerar que la tierra resolvía el problema, sin asegurar calidad y pertinencia respecto a destrezas campesinas; el resultado: cambio de pobres sin tierra a más pobres con tierra.
- Producción sin estudiar aptitud y vocación del suelo. Este conflicto explica la crisis, baja productividad, alto costo de insumos y baja calidad; sin este ajuste, las reformas rurales asumen un alto riesgo.
- Cartografía social con la población. Revisión para conciliar diferencias, trazar cadenas de valor y aproximarse al sector privado requerido para impulsar desarrollo territorial.
B. Reforma agraria
- Reconocimiento legal de demanda. Política pública de calidad que asume tres frentes socioeconómicos:
i) Familias que han recibido tierra por el Estado, sin resolver su pobreza absoluta.
ii) Familias carentes de tierra, con capacidad y decisión de administrarla. Explicarles la reforma rural, discutir microzonas de interés y conciliar sistemas productivos agroindustriales.
iii) Reforma agraria autogenerada por ganadería extensiva, mediante economía circular con propia generación alimentaria animal. La actividad agrícola mejorará la carga ganadera.
- Administración de terrenos baldíos. Punto de mayor atraso para reformas, títulos expedidos no se registran en instrumentos públicos. Interesados reciben título del Incora, Incoder o ANT, y lo engavetan. Es mantener tierras sin control, no pagan impuesto y permiten construir neolatifundismo mediante trámites en diversas zonas.
El Gobierno debe afinar este asunto, adoptando una política emergente de registro, con plazo de dos meses, y al finalizar, título no registrado es inexistente.
Aplicada la emergencia, el IGAC actualizará estadística, con cuatro objetivos:
i) Certificar demanda legal, comprobando que no son propietarios ni han recibido tierras por parte del Estado.
ii) Al clasificar títulos dentro y fuera de la frontera agropecuaria y agroecológica se identificarían baldíos recuperables por corrupción.
iii) Organizando propiedad y tamaño de predios con registro por cédula y cantidad de títulos, se descubrirá otra franja recuperable.
iv) Aportar soporte, por provincias, para catastro multipropósito.
- Reforma agraria con acceso al uso y acceso a propiedad. La demanda supera la capacidad estatal. Hay que innovar en soluciones y prever arriendos con opción de compra. Que el IGAC identifique bienes fiscales de instituciones nacionales, departamentales, municipales, y tras descentralizar Inderena, Incora, Incoder, Banco Agrario, Ecopetrol, SENA, ANT, revisar perspectivas según reforma rural, promover el acceso por comodatos, arrendamientos o adjudicaciones. Adicional, aplicar entregas anticipadas en extinción, expropiación y recuperación de baldíos y cierra con oferta que cumpla estándares de ubicación y calidad.
- Las alianzas productivas mitigan el riesgo sectorial. El Banco Mundial realizó estudios rigurosos y concluyó que la reforma agraria necesita fondos rotativos de inversión, gerencia técnica y alianzas con el sector privado de insumos y agroindustria para conectar con centros de logística, acopio y valor agregado.
- Blindaje de política pública. El territorio rural requiere bienes públicos para cambios sostenibles y no subsidios individuales que encarecen procesos. Es preciso un acompañamiento permanente que exija profesionales comprometidos con producción, productividad y costos.
Julio Hernando Urbina Ávila, economista especializado en planeación rural-urbana-agrícola.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com