Leí con sorpresa el artículo “La cuna de ‘Los Urabeños’”, de Alfredo Molano, en la pasada edición dominical de El Espectador.
En éste Molano dice lo siguiente: “Cuchillo fue sucedido por alias Caracho, quien mediante unas extrañas negociaciones con Sergio Jaramillo, alto consejero de Seguridad Nacional, se desmovilizó en Apiay el mes pasado”. Esa información es falsa. No conozco a alias Caracho y no participé en ninguna negociación con él.
Además, la posición del Gobierno Nacional, que como otros funcionarios he expresado públicamente, ha sido la de no negociar con las llamadas ‘bacrim’ y de no aceptar desmovilizaciones de estos grupos en los términos de la Ley 418 de 1997. El único camino posible para estas organizaciones es el sometimiento a la justicia, y el único interlocutor, la Fiscalía General de la Nación. Que fue exactamente lo que sucedió en el caso del Erpac: el papel del Gobierno se limitó al apoyo logístico en los términos requeridos por la Fiscalía.
Si Alfredo Molano tenía alguna duda al respecto, no tenía que hacer más que coger un teléfono y preguntar.
Sergio Jaramillo. Alto asesor para la Seguridad
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