Hace días se publicó una réplica de Joaquín Ricardo, exministro y seguidor del fallecido presidente Joaquín Balaguer Ricardo, donde alega la existencia de sesgos en el editorial publicado por El Espectador el 23 de septiembre de 2023, titulado “Diez años de apatridia y racismo en República Dominicana”.
Al defender la Sentencia TC-0168-13 del Tribunal Constitucional dominicano, el exministro omite que esta decisión revocó retroactivamente y de forma colectiva el estatus nacional de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, nacidas en República Dominicana desde 1929 hasta la fecha, a las que el Estado había proveído de documentación que avaló su identidad dominicana —y la de más de cinco generaciones— en virtud del jus soli.
En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos —caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana— había advertido que para equiparar a una persona como “transeúnte” o “en tránsito” se debe respetar un límite temporal razonable, explicando que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no es “transeúnte” ni “persona en tránsito”. Sin embargo, la Constitución de 2010 introdujo una fórmula restrictiva para la adquisición de la nacionalidad a personas nacidas en República Dominicana de padres y madres extranjeros que se encuentren “en tránsito” o que no cuentan con permiso de residencia; aunque reconoce la nacionalidad a quienes la tenían antes de su entrada en vigencia, detalle que obvió aquella sentencia.
La Sentencia TC-0168-13 coronó una historia de discriminación racial institucional y estructural hacia la población más pobre del país: la de origen haitiano. El libro La isla al revés, cuyo autor es precisamente Joaquín Balaguer Ricardo, fiel servidor de la dictadura de Trujillo, resalta ese racismo antihaitiano de la élite política.
En su réplica, Joaquín Ricardo omite fuentes que sustenten que el 33 % de nacimientos en maternidades de Santo Domingo son de madres que “llegan directamente” de Haití, no explica cómo “llegan” hasta aquí, ni el procedimiento de medición utilizado, ni dónde se encuentran ubicadas esas maternidades, ni si se incluyen centros privados.
Finalmente, contrario a lo que afirma Ricardo, el procedimiento especial establecido en la Ley 169-14 para el restablecimiento de la nacionalidad inhumanamente arrebatada no ha concluido; sin embargo, sus “pocos logros” se deben a las trabas diseñadas por el propio Estado dominicano, que está dejando en franco desamparo y estatus de apatridia, sin los más básicos derechos humanos, a toda una población.
Les invito a conocer un poco más aquí.
Patricia M. Santana Nina. Abogada constitucionalista, administrativista, judicialista y defensora de derechos humanos.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com