Cristina de la Torre, en su columna de esta semana, hace un triple salto lógico y conceptual que la deja maltrecha a ella y a sus muchos lectores. Pasa de quejarse con razón de la precariedad de nuestra red pública hospitalaria, y del maltrato a los médicos, como premisa, a concluir que, por lo tanto, debe acabarse de raíz toda la arquitectura de nuestro actual sistema de salud. Esa línea argumental, que ella plantea sin ruborizarse por la falta de rigor analítico, tiene grietas enormes, como las siguientes:
—Ignora que en Colombia hay muchos prestadores de salud, privados y públicos, que brindan un excelente servicio, y operan bajo las reglas y dentro de la lógica de nuestro actual sistema. ¿Por qué, dentro del mismo diseño institucional, unos logran hacer bien la tarea y otros no? ¿Tiene eso que ver con el sistema o con la calidad de la gerencia de cada administrador?
—Desestima el hecho evidente de que los hospitales públicos son gerenciados en su gran mayoría por gobernadores y/o alcaldes, y gozan de extraños privilegios como el que obliga a los pagadores a destinar el 60 % de su gasto en salud a ellos, sin importar su calidad o sus resultados en salud. A la columnista ni se le pasa por la cabeza preguntarse si en el mal desempeño de algunas de esas entidades no influirán la politiquería y el clientelismo, males que muy poco tienen que ver con el esquema de aseguramiento social diseñado en la Ley 100 de 1993. ¿Será que si de un día para otro desaparecieran las EPS, los hospitales públicos, dirigidos por los gobernantes locales, se volverían de repente joyas de buena gerencia pública y prístina gestión?
—Pasa por alto que casi la totalidad de los colombianos tienen garantizada su estabilidad financiera frente a sus riesgos en salud y tienen una buena opinión de su respectiva EPS, según encuestas independientes realizadas a lo largo de los últimos años.
En lo que va corrido de la actual emergencia sanitaria, las 10 EPS afiliadas a Acemi han prestado más de 100.000 atenciones domiciliarias, han entregado cerca de 650.000 fórmulas médicas en casa y han realizado poco menos de un millón de consultas telemáticas, cifras que representan un incremento, en pocas semanas, de más del 60 % del promedio mensual en comparación con los mismos servicios antes de la pandemia. Eso ocurre gracias a que el sistema, regulado y dirigido de cerca por el Estado, cuenta con la capacidad de adaptación del sector privado para cumplir sus fines. ¿Será que un gran sistema centralizado y estatal como el que sueña la columnista habría protegido de la misma manera a los sectores más en riesgo de la población? Ello para no mencionar el apoyo que esas mismas EPS han dado a las autoridades de salud pública en relación con la mitigación y atención del COVID-19.
El sólo hecho de que, durante las seis semanas que han transcurrido de la emergencia, esas mismas 10 EPS le hayan girado a la red prestadora $3,5 billones desdibuja el mito propagado por la columnista en el sentido de que “las EPS se están quedando con la plata”.
Las estigmatizaciones, generalizaciones y adjetivaciones son el recurso facilista de ciertos opinadores. Fue una sorpresa que Cristina de la Torre, usualmente rigurosa, cayera en esas trampas. El debate —específico, complejo y mucho más útil— que el país debe dar, es el de cómo mejorar aún más nuestro sistema de salud, construyendo sobre los avances de los últimos 30 años y sobre las lecciones que deja esta pandemia.
Gustavo Morales Cobo. Presidente de Acemi.
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