A propósito de su editorial del jueves pasado, titulado: “¿Prejuzgamiento?”, el cual cuestiona la reacción pública del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a la intención (igualmente pública) de la Presidencia de la República en constituirse como víctima en el proceso que se adelanta al doctor Luis Carlos Restrepo, el mismo editorial incurre en el cuestionamiento que propone su título, pues efectivamente es un claro prejuzgamiento porque sin que haya habido un juicio (siquiera una imputación), da a entender a sus lectores que sí ocurrieron hechos delictivos de los cuales existen víctimas.
Muy grave que este tipo de afirmaciones se consignen en su editorial, pues indudablemente está desconociendo un principio jurídico elemental en una sociedad democrática: la presunción de inocencia. En el caso del doctor Restrepo, la Fiscalía ni siquiera ha hecho una imputación de cargos y mucho menos una acusación como para que se hagan afirmaciones conclusivas de responsabilidad de semejante calibre.
Y es precisamente por esa misma razón que la decisión del Gobierno de anunciar tal intención, sin conocer siquiera el fundamento fáctico del proceso, no puede calificarse menos que de apresurada.
Malinterpreta su editorial lo dicho por el expresidente Uribe, cuando da a entender que él indicó que el único momento que existe para que las presuntas víctimas se forman parte en el proceso es la audiencia de acusación. Nunca dijo tal cosa. Pero también es cierto que el momento de hacer una valoración judicial sobre la calidad de víctima es precisamente en la formulación de acusación.
Vale la pena preguntarse por qué el Gobierno no actúa con la prudencia que se le exige a tan alta dignidad y espera a conocer cuál es la imputación jurídica y fáctica que trae la Fiscalía y cuál es el sustrato probatorio, en vez de proceder de forma apresurada generando la idea errada a la opinión pública de prejuzgamiento, cuando lo cierto es que no existe ninguna norma jurídica en Colombia que conmine al Gobierno a tomar esa decisión anticipadamente.
No reconoce su editorial que es apresurada la posición del Gobierno que, sin esos presupuestos básicos, procede a hacer un anuncio mediático sobre su intención de asumir una posición de “víctima”, cuando no tiene siquiera certeza de que haya existido un delito. Ni es lo que se espera de un presidente que trabajó de la mano, en el mismo tema, con quien hoy considera su victimario. A no ser que el Gobierno posea información privilegiada y conozca los argumentos de la Fiscalía y los del juzgador del doctor Restrepo.
Es curioso que quien debe ser testigo principal, por su conocimiento directo y personal de los hechos, muestre su afán para que se le reconozca como víctima antes de tiempo.
Ernesto Macías Tovar. Bogotá.