La misión social de las instituciones públicas no se debe juzgar por las actuaciones de las personas.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia fue cuestionada porque hubo una aparente irregularidad en la elección de la fiscal Viviane Morales, pero nadie habló de acabar con esa Corte. Del procurador general de la Nación hay polémica en varios sectores por sus actuaciones, pero no se habla de acabar con el Ministerio Público. Ni qué se diga de algunos de los presidentes y congresistas en Colombia a lo largo de la historia, pero no se nos ocurriría acabar con la Presidencia ni con el Congreso. Ni siquiera en la época del elefante o de los congresistas de la parapolítica. Al Consejo de la Judicatura lo quieren acabar porque su función es incómoda en un sector sensible del poder público: controla a los jueces y a los abogados en ejercicio de la profesión, función que existía antes del 91 pero sin la eficacia con que ahora se hace, así la gran prensa crea lo contrario, incluido El Espectador, mi diario preferido. Lo digo con la autoridad que me da el hecho de ser uno de los magistrados de carrera de una sala disciplinaria seccional, en la que como en todas las demás del país, podemos acreditar trabajo serio y resultados en los más de 25.000 expedientes que manejamos a nivel nacional, como lo ha demostrado el Consejo Superior en sus informes al Congreso. Aunque muchos de nuestros usuarios en la provincia tienen de nosotros una opinión diferente a la que se teje en las altas esferas, incluidos jueces y abogados, en la cúspide del poder se quiere acabar con una entidad vital para la democracia colombiana, en un acto similar al de la última cena, con beso y todo incluido, porque desde el primer año en la facultad de derecho se enseña que no se debe condenar —menos en público— antes de la defensa y el juzgamiento, como lo hacía la Inquisición. Incluso en Irán parece que hay derecho a la defensa. Ahora, si el problema es el origen político de los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior, no de los tribunales seccionales, ¿por qué no cambiar su origen con intervención de las cortes u otras múltiples formas? ¿O creen ustedes que la Sala de Gobierno como está diseñada en el proyecto (con once personajes transitorios) va a ser más eficaz que la administrativa que eliminan? Nuestra historia constitucional ha sido la de cambiar las instituciones para que no cambie el poder y cambiarlas por coyunturas de conveniencias personales, imagen e impacto social del momento, es decir, por emociones, no por pragmatismo social.
Calixto Cortés Prieto. Bogotá.