Sobre una columna
En El Espectador del domingo reitera el doctor Rodrigo Uprimny su tesis de que “los magistrados (de la Corte Suprema de Justicia) pueden jurídicamente votar en blanco”. No me parece. Lo que dice la Constitución es que “El fiscal general de la nación será elegido (…) por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República”. De la inflexión verbal “será elegido” se desprende claramente que la CSJ no tiene una facultad, sino un deber jurídico. Se trata de una cláusula imperativa que la obliga.
Abstenerse o votar en blanco conduce al resultado contrario al deber que la Constitución le impone a la Corte, pues estos son subterfugios para no elegir de la terna presidencial, y la finalidad de la norma es precisamente la contraria, que elija de ella, no que no elija.
De otro lado, su obligación es elegir de la terna remitida por el Presidente. Si mediante votos en blanco o abstenciones la Corte no elige de la terna presidencial, está eligiendo como Fiscal, en este caso por omisión, a la candidata del Fiscal que termina su periodo, es decir, del doctor Barbosa.
En otros términos, la Corte elige fiscal por acción o por omisión. Por omisión, a la vicefiscal Mancera, y por acción a una de las ternadas por el presidente. Y la Constitución obliga a los magistrados a elegir de esta terna, no a elegir a la candidata del fiscal que se va.
En conclusión, la Corte está condenada a elegir. Con una conducta activa elige de la terna presidencial. Con una conducta omisiva, elige a la candidata del fiscal que termina su período.
No es bueno que los magistrados se abstengan o voten en blanco. Si no eligen, la ciudadanía tiene el derecho a preguntarse por qué tienen interés en elegir a la candidata del fiscal que se va. Sería evidentemente una ofensa a la Constitución, condenada a la impunidad gracias al fuero.
Jesús Pérez González-Rubio.
A propósito de un editorial
Es cierto que todos los ciudadanos colombianos en ejercicio debemos respetar y acatar las decisiones de los entes correspondientes a los tres poderes. En el caso del Poder Judicial, está claro que tanto las cortes Constitucional y de Justicia, el Consejo de Estado, así como el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación están siendo cooptados políticamente por partidos o lo que queda de ellos, en posiciones y cargos en estas instituciones, no para actuar en bien del país, sino en muchos casos para favorecer casos particulares, aplicar criterios selectivos o tener carrusel de cargos y contratos entre esas mismas instituciones. Eso ha hecho que esas entidades, por sí mismas, en sus penosas actuaciones, hayan erosionado su presentación, decisiones y acciones ante el país entero, lo cual, tal como el desacato del canciller, genera desobediencia ante múltiples acciones ilógicas. No se entiende que en la Fiscalía y la Procuraduría haya denuncias engavetadas o, peor aún, documentos perdidos que no permiten la aplicación de fallos judiciales o disciplinarios, y que normalmente sean de amigos personales o políticos de funcionarios involucrados en actuaciones indignas de su posición en el Estado.
Víctor García.
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