El Congreso debate el trámite de una reforma a la Constitución que crearía una Jurisdicción Agraria, una de las acciones de la reforma rural integral diseñada en el Acuerdo de Paz que reconoció que la falta de justicia en los territorios es una de las causas del conflicto armado.
La propiedad de la tierra en Colombia no ha sido segura. Más de 130.000 casos de despojo de tierra a víctimas del conflicto armado es un claro testimonio. La informalidad de la tierra —es decir, la propiedad que carece de un título— afecta el 52 % de los predios, de acuerdo con un reporte de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Los predios baldíos de la nación han sido apropiados sin que el Estado se defienda. Bajo el procedimiento único diseñado en el Decreto 907 de 2017, —en desarrollo del Acuerdo de Paz—, se tramitan casos de aclaración, delimitación y recuperación de baldíos ante los jueces cuando las partes no se ponen de acuerdo sobre los linderos, que es la mayoría de los casos. La oferta de mecanismos alternativos de solución de conflictos es escasa. Las personas no tienen cómo definir la propiedad, una cuestión que muchas veces no está exenta de resolverse con violencia. Las comunidades indígenas y afrocolombianas han esperado largo tiempo la resolución de saneamiento de su territorio con los colonos; los conflictos de uso, especialmente del agua, sobre todo en épocas de sequía, no tiene cerca una autoridad que los dirima; así mismo, los crecientes conflictos ambientales. Los hermanos no tienen dónde tramitar rápidamente las sucesiones de sus padres; en fin, son muchas las necesidades de justicia en el campo, y todos esos conflictos no se pueden dejar en manos de jueces civiles, que no son especializados y atienden otro tipo de conflictos, por ejemplo, comerciales. Una jurisdicción especializada en lo rural se plantea como solución. La columna de El Espectador de Carlos Enrique Moreno del 19 de febrero advierte en su titular que con la jurisdicción agraria se hará una burla al ciudadano. Plantea que se requiere “gratuidad para la población vulnerable, amplia oferta de conciliadores, que mujeres y campesinos puedan presentar demandas sin ser abogados (…), en resumen construir una justicia de abajo hacia arriba”. Él detecta una burla en la intención de crear más burocracia en Bogotá, una nueva Corte Agraria, sin llegar al territorio.
La preocupación es válida. La ausencia del Estado en el campo es una de las principales causas del conflicto armado. Resolver los conflictos rurales con una oferta judicial para los campesinos es el principal signo de presencia del Estado, pero también hay que considerar el costo fiscal.
Hacer justicia en el campo es tener que ponderar conflictos ambientales, sociales, económicos y culturales. Los procesos agrarios son muy complejos e involucran tanto derechos individuales como colectivos. Por ejemplo, la defensa del medio ambiente implica una jurisdicción con especialidad en derecho público; definir los linderos de una propiedad, es decir, aclarar la propiedad es una labor que impone una medición del terreno. Por algo, la inspección ocular es la prueba reina en el proceso agrario y ambiental.
Para atender esta complejidad se requiere tecnología; hoy un predio de 5.000 hectáreas puede ser medido con la ayuda de un dron; ayer, esa diligencia podría tardar semanas. El GPS es otra herramienta que acorta las distancias. Es imperativo que el juez tenga todos los equipos tecnológicos para armar el expediente. Incluso, se podría considerar un sistema de ponderación judicial cuando se vayan formando todas las subreglas y en el mediano plazo lo pueda resolver un robot. La big data es el futuro de la justicia. Sí, se necesita justicia. La decisión ahora es cómo y cuánto costará.
Sergio Roldán, abogado especialista en restitución de tierras.
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