Recibimos una carta en respuesta a una columna de Mauricio García Villegas.
Sobre una columna
Mauricio García Villegas, en su columna “Pagar para desobedecer” (El Espectador, 11/06/16), confunde leyes con políticas.
Durante el antiguo régimen, es decir, toda la época antes de la Revolución francesa, se asumía como normal que las personas no fueran iguales ante la ley: los nobles y demás asociados sólo podrían ser juzgados por Dios y no por las leyes de la tierra. Con el tiempo, estas prerrogativas fueron erosionadas. Uno de los ejemplos más antiguos es la Carta Magna inglesa, donde el derecho del soberano dejó de ser ilimitado y empezó a supeditarse a unos acuerdos con sus barones.
Evidentemente, en la sociedad actual está mal visto que unos ciudadanos, por cuestiones económicas, puedan violar las leyes a su antojo por el hecho de tener poder e influencia, situación que por desgracia sucede de manera frecuente en un país con autoridades débiles.
Pero no hay que confundirse, una cosa es una ley y otra una norma que expresa una política: mientras la ley tiene un sustento moral o por lo menos un acuerdo social que la respalda, la norma tiene un sustento práctico. La sociedad espera de la ley que sea rígida, que no haya excepciones, porque ellas siempre van en contra del beneficio general, en cambio las políticas deben ser flexibles, porque en algunos casos las excepciones resultarán en algún tipo de beneficios para todos.
Obviamente, decirles a los ciudadanos que unas personas dejarán de estar bajo una norma a cambio de pagar un canon produce una sensación de malestar, pero esta es equivalente a permitir que un grupo de personas de origen humilde no presente el examen de admisión a la Nacional por el hecho de su situación económica.
Beneficiar a un grupo de ciudadanos evitando que tengan que cumplir una norma restrictiva siempre nos va a parecer más simpático cuando beneficia a los humildes y más odioso cuando beneficia a personas con mejores recursos, pero en ninguno de los dos casos está violando el carácter de igualdad entre ciudadanos. Hablar de fueros ante la ley, privilegios y del antiguo régimen poco tiene que ver con políticas como el Pico y Placa o los exámenes de admisión a las universidades.
Christian Hernández Amaya.
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