Y no lo encuentra porque la verdad de lo que ocurrió a estas 11 personas y al doctor Carlos Horacio Urán Rojas no ha sido plenamente establecida.
La justicia de manera tardía comenzó 20 años después a realizar unas pesquisas en medio de las dificultades propias de hacer las cosas a destiempo, sus fallos han sido cuestionados por los dos últimos presidentes de Colombia, la fiscal que comenzó a investigar las desapariciones fue retirada de su cargo después de que pidiera vincular a tres generales del Ejército por el asesinato de Urán.
26 años después, hay un epílogo refundido. El informe de la Comisión de la Verdad reconoce la desaparición de 11 personas en el holocausto del Palacio de Justicia, sendas providencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado que datan de 1994 ordenan devolver las personas vivas o muertas al seno de su hogar. Hoy sólo sobreviven cuatro de los 22 padres y madres de los desaparecidos. Yo he vivido dos exilios en compañía de mis hijos y mi esposa.
En mi caso particular, como lo he dicho, meses después de noviembre de 1985, me vinculé al M-19. Después de la desaparición de mi hermana Cristina del Pilar Guarín, viendo el dolor de mis padres y el rechazo de las autoridades a su desesperada búsqueda, me sentí afrentado por el Estado y contacté a un enlace del M-19. Desde principios de abril de 1986, a los 22 años de edad, acepté ser auxiliar de las fuerzas especiales de este grupo guerrillero, al que pertenecí por cuatro años. Fui perdonado por el Estado colombiano en un proceso de amnistía por el delito de rebelión.
Las instancias internacionales del Sistema Interamericano vigilan el caso de manera rigurosa. Me temo que la más reciente decisión de la Rama Judicial frente a las desapariciones será flor de un día.
No creo que la parada militar pidiendo perdón sea una realidad, ni creo que el expresidente Betancur sea llamado por la CPI, ni siquiera la sentencia será colgada en las páginas web del Ejército. Lo siento por los optimistas.
La experiencia personal de acercamiento más reciente con el presidente Santos y la Fiscalía, en la que propuse reducir penas o excarcelar a quienes indiquen el sitio donde están los restos de las 11 personas que figuran como desaparecidas y que la eventual exhumación se haga de la mano de un ente como la Cruz Roja internacional, no fue tomado de manera seria. La Fiscalía, en respuesta de junio pasado, traslada la responsabilidad a los familiares pidiéndonos que les indiquemos las coordenadas para ellos proceder a exhumar.
Sin embargo, y en medio de los esfuerzos tardíos de justicia que hay que destacar y todas las trabas que lo acompañan y acompañarán, la pregunta que comenzó el 7 de noviembre de 1985 en medio del humeante Palacio, sigue sin respuesta.
René Guarín Cortés. Bogotá.