Las dos cámaras del Congreso de la República de Colombia se enfrentan a uno de los retos institucionales más importantes de los últimos años: debatir y aprobar el ambicioso paquete de reformas del Gobierno Petro.
El Ejecutivo, amparado bajo el mandato popular que le concedió la ciudadanía en las urnas, sabe muy bien que este segundo periodo legislativo, que irá hasta el próximo 20 de junio, previo a las elecciones de entidades territoriales de octubre, es la oportunidad perfecta para tramitar ante el Congreso las grandes reformas que buscan cambios sustanciales en los sectores de salud, trabajo y pensiones, así como el proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales.
El afán del Gobierno de poner todas las reformas en el Congreso en esta primera mitad del año se da, en parte, porque el Ejecutivo cuenta en este momento con una coalición legislativa que lo favorece, pero que no es permanente y que podría sufrir rupturas y tensiones una vez pasen las próximas elecciones.
Para nadie es un secreto que Petro ya no cuenta con la aplanadora legislativa con la que arribó a la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto. El apoyo parlamentario, que comenzó como un régimen parcialmente integrado, se ha ido desmoronando debido a que esa integración inicial ha ido perdiendo fuerza en el Capitolio, lo que obliga al Gobierno a ser estratégico en la forma como se relaciona con los actores que integran el régimen político para no poner en riesgo sus grandes apuestas.
En efecto, el futuro de las reformas dependerá en parte de la habilidad de sus ministros y el poder de negociación con los partidos políticos tradicionales, que por su peso legislativo pueden ser decisivos para la aprobación e implementación de cada una de las reformas radicadas ante el Congreso. Eso sí, ese poder de negociación deberá responder a cada una de las demandas burocráticas exigidas por los actores del régimen, lo que puede explicar muy bien algunos de los más recientes movimientos en carteras como la del Deporte.
Ahora la pelota está en la cancha de la Cámara y el Senado, en donde hay un apoyo parcial con una amenaza permanente de ruptura. Por eso la necesidad de avanzar en la aprobación de las reformas durante esta nueva legislatura, porque si no lo hacen antes del 20 de junio, después de octubre será muy difícil mantener una coalición legislativa que hoy por hoy permanece parcialmente integrada.
Es una carrera contrarreloj con un gran reto en materia de negociación en la que el régimen político con actores de diversos sectores tendrá la última palabra para definir si avala o no las propuestas que sustentan y definen el mandato del autodenominado “Gobierno del cambio”.
Andrés Duque Gutiérrez. Medellín.
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