A propósito de las reformas del gobierno Petro, “la cárcel es la universidad de los bandidos” ha resultado ser una frase muy popular en Colombia. Y no es para menos, tras las comunes amenazas de algunos delincuentes a través de redes sociales que, irónicamente, se dedican a extorsionar y demás actividades delincuenciales desde su sitio de reclusión.
Nicolás Maquiavelo y Sun Tzu —dos famosas mentes estrategas— consideraban la seguridad un elemento primordial del Gobierno, a pesar de ser de épocas muy distantes.
Es un hecho que en la ficción jurídica que es el Estado, uno de los elementos esenciales o fines de su existencia es garantizar la seguridad a todos los ciudadanos; esta será la razón por la cual Duguit o Hauriou consideraban la policía como la primera actividad del servicio público. La delincuencia común ha tomado un impulso considerable que tiene diversas hipótesis: bandas organizadas, vencimiento de términos en procesos judiciales, hacinamiento penitenciario, ineficacia e ineficiencia en la administración de justicia, corrupción y demás. No obstante, no ha existido intención de ningún gobierno reciente en ponerle la lupa a este asunto tan neurálgico.
El problema radica en la falta de armonización entre la Rama Ejecutiva, en cabeza del INPEC como un establecimiento público adscrito al Ministerio de Justicia y del Interior, y la Rama Judicial, en cabeza de los jueces penales y la Fiscalía General de la Nación.
Se podrían hacer varias reflexiones al respecto. Primero, es necesario replantear el tipo de penas privativas de la libertad con una adecuación al Código Penal en donde se dé una articulación de las ramas Ejecutiva y Judicial; segundo, es necesario robustecer el sistema penitenciario tanto público como privado, abordando la idea de APP o descentralización por servicios; tercero, no debe ser un servicio público gratuito y podría sugerirse una responsabilidad personal o familiar por el pago de la manutención de quienes se encuentren recluidos, y finalmente, un modelo de seguridad robusta en los centros penitenciarios, donde se pueda garantizar una limitación rotunda a la libertad para evitar que sigan delinquiendo desde la prisión.
Así las cosas, se entiende la premura de este Gobierno para presentar las reformas laboral, de salud y pensiones con bombos y platillos, sin embargo, se observa con mucha preocupación la falta de objetividad en las reformas realmente sociales, como lo son la penitenciaria, para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, y la de educación, para garantizar el progreso real del país.
Es pertinente terminar esta reflexión con una célebre frase de Churchill para nuestros gobernantes que inician su período: “El que se arrodilla por la paz se queda con la humillación y con la guerra”. La delincuencia se debe atacar de forma frontal y buscar medidas que resuelvan las problemáticas de fondo y no solo paños de agua tibia, desmantelando bandas en la calle que se rearman en la cárcel como en una universidad.
Juan Camilo Franco Gómez
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