Perplejidad: es lo que uno siente al escuchar el fallo injusto y sobre todo desproporcionado que inhabilita por doce años al exalcalde Alonso Salazar.
Durante la lectura de su decisión, en un documento con muy pobres argumentos, la señora procuradora María Eugenia Carreño dijo finalmente que un alcalde tiene el deber de guardar silencio cómplice si conoce de hechos delictivos que involucren a candidatos a la Alcaldía para la próxima administración.
Para quien no conoce el caso en detalle, será bueno explicar que el señor Salazar fue condenado a doce años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, no por robo, ni por contratos ilegales, sino por denunciar con pruebas que un candidato a la Alcaldía de Medellín tenía nexos con grupos ilegales y que en los barrios populares esos ilegales estaban obligando a sus habitantes a votar por su candidato. Aunque resulta incomprensible, lo que muchos ciudadanos agradecemos e interpretamos como un acto de responsabilidad con el cargo que ocupaba, la procuradora lo consideró un delito.
La lucha de Salazar contra la ilegalidad no es nueva, como lo pretende hacer creer la señora procuradora. No nació durante la época electoral pasada. Inició con sus trabajos académicos, donde con enorme lucidez les mostró a los colombianos las raíces y las manifestaciones de la violencia que involucraba a los jóvenes de Medellín; así conoció y denunció los caminos y los vericuetos que el crimen ha encontrado para enraizarse en la ciudad.
Durante su gestión denunció con nombres propios y ante las entidades oficiales a criminales que están hoy en la cárcel con delitos comprobados. Los hechos que Salazar denunció y que involucraron a un candidato a la Alcaldía eran ampliamente conocidos por la ciudadanía. Bastaba con preguntar a cualquier habitante de las comunas populares de la ciudad o leer los informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) para saber que grupos delincuenciales amedrentaron y amenazaron en sus zonas a los candidatos y representantes de partidos políticos diferentes a los que ellos apoyaban.
Lo curioso es que las personas y prácticas denunciadas por Salazar aún no han sido investigadas. El investigado y sancionado en tiempo récord y con una condena que parece más venganza, escarnio público, encarnizamiento con un hombre valiente y franco, fue él. Entonces cabe preguntarse: ¿qué mensaje le queda a la ciudadanía después de este fallo? ¿Es posible construir una propuesta social en defensa de la transparencia y la legalidad en esas condiciones, cuando los denunciantes son seres inermes frente a gigantes apoltronados en todas las instancias sociales? ¿Cuál será la noción de justicia que se mueve en la Procuraduría?
Luz Stella Álvarez Castaño. Medellín.